por Diego Andrés Escamilla Márquez
El pasado 13 de agosto, en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de Argentina, creadas por el gobierno de Cristina Kirchner en 2009 para que las agrupaciones políticas decidieran sus candidaturas de cara a las elecciones generales y también con el fin de filtrar los partidos que participan en las mismas (pues de todas las fuerzas políticas que se presentan solo van a las generales las que superen el 1,5% de los votos), la noticia fue el triunfo del ultraderechista Javier Milei. No fue un triunfo contundente, pues el movimiento político Libertad Avanza, reforzado con alianzas de partidos tradicionales, no alcanzó números muy superiores a sus competidores. No obstante, sí fue un triunfo sorpresivo, no solo para los argentinos (incluyendo el propio Milei), sino para la comunidad internacional, especialmente para el vecindario latinoamericano.
Milei es un tipo estrambótico, que a falta de ideas realmente “libertarias”, compensa su proyecto político con look, poses, gritos y shows. Es la encarnación de “La Política del Espectáculo”, extrapolación de “La Sociedad del Espectáculo” descrita por Debord. Este tipo de política solo propone “formas” porque su contenido está “vacío”, o mejor, está lleno de “más de lo mismo”. Milei no es “libertario”, como le gusta autodenominarse o autopercibirse, todo lo contrario, es reaccionario, es decir, se opone al progreso y a la libertad de la humanidad. Su tan aclamada libertad, de dejar que las personas y las empresas actúen exclusivamente bajo el criterio de su interés individual, arguyendo que la competencia hace mejorar a la sociedad, no estimula el progreso sino la guerra y, bajo esa premisa, la única libertad posible es la libertad de la jungla, es decir, la libertad del más fuerte. En contextos de injusticia social, los débiles y los vulnerables no se vuelven competitivos, solo sobreviven y cuando no, desaparecen.
Estos criterios de libertad son la base de la propuesta de Javier Milei para mejorar la educación en Argentina. Según él, el problema fundamental del sistema educativo de su país es que las familias no tienen libertad para escoger la educación de sus hijos, por lo tanto, propone que el Estado entregue a cada familia un voucher para que ésta lo gaste exclusivamente en educación, es decir, para que escoja cuál institución (pública o privada, laica o religiosa, progre o facha) quiere que eduque a sus hijos. De esta forma, dice el líder de Libertad Avanza, los colegios van a competir por los dineros públicos y esa competencia generará eficiencia y calidad en la educación.
Con planteamientos similares, el Centro Democrático viene haciendo la misma propuesta desde hace varios años en Colombia. Paloma Valencia, senadora de esa colectividad, ha sido la más incisiva con ese tema. El pasado junio se le vio alborozada y entusiasmada en sus redes sociales, porque la Comisión VI del Senado aprobó en primer debate el Proyecto de Ley 192 de 2022, cuyo objetivo es crear el “Bono Escolar”, “definido como el voucher o cheque que entrega y financia el Estado colombiano a los padres de familia, o quienes ejerzan la patria potestad, para que los niños, niñas y adolescentes en condición de vulnerabilidad, pobreza moderada o pobreza extrema, puedan acceder a la educación pre-escolar, básica y media en instituciones educativas públicas o privadas”[1].
¿Cuál es el problema de esta aparente bienintencionada política que es bandera común tanto de la derecha argentina como de la colombiana? Para empezar, tal política hace un diagnóstico completamente errado sobre los problemas fundamentales de la educación pública en estos países. Ni en Colombia ni en Argentina el problema educativo es la falta de libertad de las familias para escoger las instituciones escolares de sus hijos. No es, ni siquiera, un problema secundario o terciario, sencillamente NO es un problema. La hipótesis de la “falta de libertad” es un prejuicio de los sectores de derecha que ven en el derecho a la educación, ganado por las clases trabajadoras del mundo desde el siglo XIX, un mero “gasto social” y una excusa, según ellos, para el “adoctrinamiento”. Entiéndase que, para la derecha, “adoctrinamiento” NO es catequizar escuelas y colegios con el cristianismo, para la derecha, “adoctrinar», es enseñarles a los niños y niñas pensamiento crítico, historia y ciencia.
Los problemas fundamentales de la educación, tanto en Argentina como en Colombia, tienen que ver con el sinsentido que hoy por hoy tiene estudiar. El desempleo, los bajos salarios, la incertidumbre del futuro ante la crisis climática y ecológica, entre otros, son argumentos que, para las nuevas generaciones, no motivan hacer los ingentes esfuerzos que antes hicieron otros para educarse. Esto no se remedia con bonos o vauchers, es más, los bonos y vauchers refuerzan el problema, pues insisten en lo mismo: competir o morir. Superar la falta de motivación del estudiantado solo se logrará cuando estudiar tenga sentido, y este sentido no puede ser el éxito individual de estilo capitalista, cuyos ejemplos a mostrar son 10 tipos que tienen, entre todos, la riqueza de medio mundo. Un éxito así solo empuja a la depresión y al suicidio de las mayorías, no a su libertad y menos a su felicidad.
Solventar este problema requiere el largo plazo, es decir, cuando como sociedad hayamos materializado un sistema económico que resuelva las necesidades de las inmensas mayorías de la humanidad (verdadera libertad) y no las del capital. Sin embargo, por ahora, tanto Argentina como Colombia podrían mejorar el entusiasmo en el aprendizaje de sus estudiantes si sus gobiernos adelantaran políticas de productividad (entiéndase, políticas de industrialización y desarrollo de tecnologías de última generación, en las que la intervención y planificación estatales son fundamentales) y de redistribución de la riqueza (impuestos progresivos, reducción de jornadas laborales, garantías de derechos sociales, etc.), pero eso no está contemplado en los proyectos políticos ni de Milei ni de Paloma. Para estos personajes, el Estado no tiene que intervenir en la economía, el principal sector económico ha de seguir siendo la exportación recursos naturales (pues eso dice la teoría de las “ventajas comparativas”) y la justicia social es un gasto que, como la propuesta de los bonos escolares, debería estar sujeta al juego de la competitividad del mercado, con el fin de sacarle la rentabilidad que históricamente han resistido los Estados de Bienestar. En otras palabras, Milei y Paloma ofrecen “más de lo mismo”, la misma receta que las burguesías han aplicado con rigor desde los últimos 30 años en otros ámbitos de la vida y que ha conllevado al acabose de los derechos de las clases trabajadoras, ahora quieren fijarla con igual rigor a la educación. Sin reformas al sistema productivo y sin redistribución de la riqueza (que no es otra cosa que redistribuir derechos), estudiar seguirá siendo una actividad que solo tendrá sentido para una reducida minoría de la sociedad y los bonos escolares nada aportarán para solucionar esa problemática.
¿Pero entonces para qué sirven los bonos escolares? Los bonos escolares tienen dos funciones: mercantilizar o privatizar la educación pública y debilitar la influencia de los maestros en la formación de una conciencia crítica. La primera de estas funciones ya se ha hecho antes: el Estado toma dineros públicos destinados a garantizar un derecho y se los endosa a agentes privados quienes, a cambio de lucrarse, reemplazan al Estado en su cualidad de garante de dicho derecho. De ahí en adelante los problemas de vulnerabilidad y acceso al derecho quedan reducidos a la mera prestación de un servicio, y como en la lógica de la competencia capitalista la tendencia es al monopolio (pues los grandes se comen a los chicos), tarde que temprano los precios de ese «servicio» aumentan.
En Colombia ya hemos transitado este camino con el derecho a la salud y los resultados han sido la crisis del sistema sanitario y el enriquecimiento de los dueños de las EPS. En otras palabras, la competitividad que supuso hacerse con los dineros públicos no hizo más eficiente ni de mejor calidad el sistema de salud de los colombianos. La competencia, olvidan decirlo Milei y Paloma, solo tiene una muy fugaz etapa de progreso, pues durante la mayor parte de su tiempo, la compulsión a ganar lleva a los empresarios a hacer trampas, aplicar violencias, acudir a la sobreexplotación y reducir de la calidad de sus productos (como echarle agua a la leche o más sodio, azúcar y conservantes a los alimentos sin importar si son dañinos para la salud humana). La competencia que sueña Milei y Paloma existió en los primeros años del capitalismo, desde finales del siglo XIX hasta hoy tal competencia (progresista) ya no existe, pues se ha trastocado en una «competencia mafiosa» y no sería raro que ese talante se colara en la competencia por los bonos escolares. Veamos algunos posibles ejemplos.
De implementarse los bonos escolares, escuelas y colegios tratarían a los estudiantes como clientes y, desde ese punto de vista, estarían a merced de los gustos de dichos “clientes” más que de sus necesidades. Muchas instituciones educativas, en el afán de no perder ningún “cliente”, rebajarían estándares de exigencia académica y aquellas que decidan competir con calidad y atención, lo harán a costa de sobreexplotar laboralmente a sus docentes. Puede suceder también que, como una gran mayoría de padres y madres son ideológicamente conservadores, querrán evitar que sus hijos estén en manos de profesores ateos, rojos o feministas. La tolerancia, la libertad de expresión y la libertad de cátedra, por lo tanto, se restringirán de facto, aumentará la discriminación (y por ende la violencia) hacia las personas con pensamientos divergentes y disidentes, adenda de que muchos maestros tendrán que aparentar y mentir para subsistir. Vaya paradoja de una propuesta que supuestamente se basa en la libertad.
Esto último se conecta con la segunda función de los bonos: el debilitamiento de la influencia crítica de los docentes. Clientelizar a los estudiantes y sus familias actúa en detrimento de la ciencia y el pensamiento crítico, los cuales retrocederían, como lo hemos dicho, ante la evidente demanda en la enseñanza de valores e ideas tradicionales que pulula, sobre todo, en situaciones de crisis como las actuales. ¿Qué progreso científico o cambios sociales positivos podrían hacerse en un contexto signado por el miedo a hablar, a cuestionar o a proponer algo nuevo?
Pero el debilitamiento en la influencia de los maestros, propiciada por los bonos escolares, también está relacionado con el debilitamiento de las formas organizativas de éstos, especialmente las sindicales, que son casi exclusivamente del sector público, cuya lucha ha venido mejorando las condiciones laborales de los docentes oficiales y, por presión, poco o mucho, también las de los docentes del sector privado. Para organizar este debilitamiento, las dirigencias gubernamentales han desestimado a lo largo de la historia invertir los recursos públicos necesarios para hacer avanzar la educación, desmejorándose con ello la infraestructura de las instituciones públicas, los proyectos de calidad académica y el personal docente requerido y cualificado para la enseñanza. Tal situación ha forjado la idea, ante la opinión pública, de que la educación oficial es una educación mediocre, sin contar la imagen negativa que azuzan los medios de comunicación sobre los profesores que luchan, tildándolos de “vagos” que no les gusta trabajar y que por ello hacen paros y protestas que afectan, inmisericordemente, el derecho de educación de los niños. Nótese, entonces, que las mismas élites que han sido indiferentes a las necesidades de la educación pública, han creado la imagen de que esa educación es inviable y culpan, de lo mismo, a los docentes. La solución de ellas es la de siempre: privatizar, pues lo público, dicen, no sirve.
Ahí es donde aparece el bono escolar, pues de aprobarse, varias instituciones educativas públicas entrarían en declive, ya que el sector privado, por medio del bono, les sonsacaría estudiantes al sector público (quizá los mejores), quienes por motivos de seguridad, infraestructura, más horas de clase, mejores resultados ICFES, enseñanza de valores tradicionales o un entorno social cualificado, verían en la educación privada un prospecto más interesante para su formación personal y académica. De esta forma, entre menos estudiantes tenga el sector educativo público, habrá también menos profesores, y entre menos profesores, más débil será el sindicato de educadores, y con un sindicato débil aumentan las posibilidades de rebaja de sueldos, mayor sobreexplotación y control ideológico.
La cuestión es que cuando todo esto ocurra y la educación pública carezca de dolientes fuertes, no faltarán los déficits presupuestales que hagan de los bonos escolares un instrumento insuficiente para cubrir una educación de calidad. Las familias de las clases trabajadoras, por lo tanto, tendrán que sacar de sus bolsillos para acceder a una educación decente y las que no tengan, tendrán que conformarse con los servicios cada vez más mezquinos de las instituciones que se sostienen con los vauchers, pues parte de la eficiencia capitalista es reducir costos.
Algo tienen claro Javier Milei y Paloma Valencia: su proyecto político, que es una nueva versión del fascismo, difícilmente puede arraigarse en sociedades educadas, de ahí que les urja acabar con el derecho a la educación para preparar el camino hacia sociedades de la ignorancia. Qué mejor estrategia que hacerlo mientras se hacen ricos y eliminan a los maestros que tratan de forjar conciencia crítica entre los jóvenes. Varios pájaros de un solo tiro.
[1] VALENCIA, Paloma (2022). PROYECTO DE LEY NÚMERO 192. POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL BONO ESCOLAR EN COLOMBIA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. Senado de la República de Colombia, p. 48.
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