por Diego Andrés Escamilla Márquez
La reciente crisis que está ocurriendo en Ecuador evocó los terribles años de las décadas de 1980 y 1990 en Colombia, cuando el narcotráfico logró copar vastos sectores sociales y estatales mediante el terror, la corrupción y las alianzas con políticos, empresarios y militares. Ese es el sentido de la expresión “colombianización de Ecuador”, que han venido usando varios periodistas y medios de comunicación en los últimos años y cuyo sustantivo deverbal, “colombianización”, también se ha aplicado para describir los problemas de narcotráfico en México, Paraguay, Guatemala y América Latina en general. La expresión “ecuatorización de Colombia”, por otra parte, es una licencia del suscrito, con el fin de semejar, sin negar sus diferencias, los adelantos progresistas que lideró Rafael Correa en Ecuador (2007–2017) con los que actualmente trata de llevar a cabo Gustavo Petro en Colombia.
Obviamente, el primer fenómeno (la colombianización de Ecuador) es una mala noticia para el pueblo de Ecuador, y el segundo (la ecuatorización de Colombia), aunque positiva, no deja de ser una comparación problemática. No obstante, lo más importante de ambas situaciones es que juntas revisten de lecciones muy importantes para las clases trabajadoras de Ecuador y Colombia, especialmente para aquellos sectores que sueñan y luchan por sociedades más dignas y justas.
Empecemos con la colombianización de Ecuador. Una de las principales lecciones que debe tener en cuenta el pueblo ecuatoriano, es que el narcotráfico es una actividad económica patrocinada por sectores de las burguesías nacionales y estadounidenses. Los capitalistas contemporáneos, en su afán de competir y asirse de ganancias, prefieren poner sus inversiones en negocios que sean altamente rentables, sin reparar mucho en los aspectos éticos o morales de los mismos. Esto es lo que pasa con los narco-políticos y los narco-empresarios de Ecuador, Colombia, Estados Unidos y de casi todo el mundo. Cuando no es el narcotráfico, entonces vemos a los capitalistas metidos hasta el tuétano en paraísos fiscales, mercado negro de armas, redes de trata de personas, proxenetismo infantil, comercio de órganos o perpetración de genocidios. Es la decadencia del capitalismo, un sistema que ya no tiene remedio.
Que Guillermo Lasso y Daniel Noboa, expresidente y presidente de Ecuador, ambos pertenecientes a las familias más ricas de ese país, tengan conexiones, ellos o sus familiares, con el narcotráfico transnacional, explican por qué el negocio de las drogas se ha vuelto tan poderoso allí. Sus supuestos arrebatos de indignación y preocupación por los crímenes que están causando las mafias en Ecuador no son más que una escena de hipocresía muy bien montada. Noboa perseguirá tanto a los narcotraficantes como aquí los persiguieron Álvaro Uribe Vélez, Iván Duque, Marta Lucía Ramírez o el actual Fiscal General de la Nación Francisco Barbosa, es decir, los perseguirá poco o nada, o solo para ajustar arreglos y negocios a conveniencia.
Tanta hipocresía frente al tema del narcotráfico en Ecuador, hasta ahora solo parece tener una razón: legitimar el autoritarismo y el terrorismo de Estado. Los decretos de Estado de excepción y de Conflicto armado interno, expedidos esta semana por el presidente Noboa, autorizan a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional ecuatorianas para “neutralizar organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes”. La trampa de estas medidas, con la utilización de sus respectivas nociones, es que, como lo hemos visto en Colombia, todo aquel que sea crítico del establishment y milite o simpatice con ideas de izquierda sea percibido militar y jurídicamente como un terrorista, o más específicamente, como un narcoterrorista. Es más, en Colombia, se llegó a un punto en el que ni siquiera era necesario ser de izquierdas para ser víctima del Estado, bastaba con ser pobre. Es el drama de los “falsos positivos”, inocentes asesinados para mostrar que la “guerra contra el narcoterrorismo”, entiéndase “guerrillas”, se estaba ganando.
De este modo, el hecho de ser de izquierdas o de ser pobre (si bien algunos identifican a los pobres como potencialmente de izquierdas), justificó que millares de colombianos fueran amenazados, torturados, desplazados, asesinados, desaparecidos o estigmatizados. La influencia de estos prejuicios sigue tan peligrosamente viva, que a pesar de haber sido elegidos por voto popular para la máxima jefatura del Estado, Gustavo Petro y Francia Márquez siguen siendo víctimas de la violencia simbólica y no se descartan situaciones de violencia física como atentados y defenestraciones.
¿Querrá el presidente de Ecuador llevar a cabo la misma estrategia y usar la excusa del narcotráfico para perseguir a sus contradictores políticos y eliminar “población sobrante” de su país? Es probable. De hecho, una vez conocidos los decretos presidenciales, se han visto imágenes de las Fuerzas Militares ecuatorianas persiguiendo y capturando a supuestos terroristas del “crimen organizado transnacional” entre los sectores más empobrecidos de las ciudades. Elizabeth Pino, una mujer trabajadora y dirigente de una organización social ecuatoriana, manifestó este viernes, en un medio de comunicación de España[1], que la arremetida militar decretada por Noboa no se está ejerciendo contra los narco-generales, ni contra los miembros de la élite vinculados con el narcotráfico, sino solo y exclusivamente contra jóvenes de las clases populares, basándose en cuestiones de su aspecto, color de piel o lugar de residencia. No en vano, denuncia Pino, lo que se fragua en Ecuador, además de todo lo dicho, también connota el crimen de racismo.
Otra trampa de los decretos de Noboa, es el estatus de beligerancia que éstos le otorgan a los grupos narcotraficantes. ¿Por qué concederle a la delincuencia calidad de sujeto político? ¿Será acaso ésta una jugada del presidente de Ecuador para facilitar, en el futuro cercano, la negociación con estos grupos criminales y pagarles con penas cortas sus “buenos servicios”? Es simplemente una especulación, pero no es una especulación sin fundamento, pues en Colombia ya vimos algo parecido cuando Álvaro Uribe Vélez, en el 2005, trató por todos los medios de darle estatus político a los grupos narcoparamilitares, con el fin de negociar su desmovilización y pagar así los “buenos servicios” que estos grupos prestaron en su elección presidencial.
Pero además de servir para que las burguesías nacionales acumulen capital y controlen la población, el narcotráfico también ha valido para que Estados Unidos intervenga y establezca sus intereses en América Latina. Que una de las medidas gubernamentales que se están barajando para combatir la actual crisis en Ecuador sea permitir la intervención de las tropas estadounidenses, evidencia que la mentada política de “guerra contra las drogas”, lejos de interesarse en acabar o debilitar el narcotráfico, sigue siendo una estrategia del imperialismo gringo para perpetuar el dominio político y económico sobre las colonias de su “patio trasero”. Quizá esta sea una de las principales razones por las que la potencia norteamericana y sus adeptos latinoamericanos no estén dispuestos a cambiar de estrategia en lo concerniente a la lucha contra las drogas y persistan en el prohibicionismo y las soluciones punitivas y militaristas. En este contexto, no es raro que las voces más reaccionarias del periodismo colombo-ecuatoriano, culpen a Rafael Correa de la reciente crisis, por haber sacado a las tropas estadounidenses de la base militar de Manta en el 2009. Según este relato, las autoridades ecuatorianas perdieron eficacia contra el narcotráfico al desalojar de su territorio a quien los “cuidaba”, especialmente en el Océano (Manta es una ciudad costera), por donde los carteles transportan la droga a Estados Unidos y Centroamérica. Ante tal falacia, Rafael Correa les respondió lo siguiente a un grupo de estos periodistas reaccionarios (La FM, emisora colombiana): “si eso fuera cierto, Colombia sería el país más seguro de América Latina. ¿Acaso no tienen ustedes siete bases militares norteamericanas en su territorio?”.
Precisamente, ni las bases norteamericanas, ni el Plan Colombia, ni otras asistencias militares y financieras de los gobiernos estadounidenses, han ayudado en nada a solucionar el problema del narcotráfico en nuestro país. Todo lo contrario, lo empeoraron. Desde que tales iniciativas existen, no ha disminuido ni el narcotráfico, ni los muertos, ni los encarcelados, ni los consumidores, ni los cultivos, antes bien, han aumentado, tanto en Colombia como en el mismísimo Estados Unidos. Para lo que han servido estrategias estadounidenses como el Plan Colombia, según la historiadora mexicana Yenisey Rodríguez Cabrera, es para acabar con los movimientos de izquierda latinoamericanos, apoderarse de los recursos naturales de la zona andina y la Amazonía y consolidar la hegemonía geopolítica de Estados Unidos en América del Sur y el Caribe[2].
Dado este panorama, no es completamente absurdo pensar, como lo han sostenido algunas personas, que todas las acciones criminales iniciadas el 9 de enero del presente año en Ecuador, responden a un “show” o “montaje” por parte de las fuerzas de derecha, para legitimar, mediante el pánico colectivo, las medidas autoritarias y violentas del Estado ecuatoriano y mantener así la impunidad y el enriquecimiento de las élites, poner en cintura las reclamaciones de los sectores populares y granjearse el apoyo militar de Estados Unidos, tal como se ha hecho en Perú. La idea de usar el pánico o el “shock” entre la población, para adelantar propósitos económicos y políticos que no se podrían hacer de otro modo, además de haberse usado en 1973 en Chile, en 2001 en Estados Unidos y en el 2023 en Israel, también tuvo sus versiones durante los gobiernos uribistas en Colombia, con la perpetración de «autoatentados» que reforzaban el miedo de que la FARC se iba a tomar el país y legitimaban, por ende, ante la opinión pública, las políticas de «mano dura» de la supuesta «Seguridad Democrática«.
Lastimosamente, Rafael Correa ha caído en las trampas de la derecha ecuatoriana y junto con su grupo de parlamentarios han convalidado los decretos de Estado de Excepción y Conflicto armado interno sancionados por Daniel Noboa. Corregir este tipo de ingenuidades es una de las lecciones que debemos aprender en Colombia en relación al progresismo ecuatoriano. Aunque hasta aquí Petro ha jugado inteligentemente sus cartas, muchas veces ha pecado de confiado, al creer que las élites colombianas entienden y acatan razones. Nos referimos concretamente a las élites más retardatarias del país, ligadas a la ultraderecha política, económicamente dedicadas al latifundio, el sector financiero, los hidrocarburos y el narcotráfico. Esta relativa confianza en las instituciones políticas de Colombia ya sufrieron portazos de realidad, que Petro, el progresismo colombiano y todo el pueblo trabajador, deberían interpretar de manera correcta: Cuando el Consejo de Estado se opone a que se regulen las tarifas de los servicios públicos, cuando la Corte Constitucional inhibe a las multinacionales de pagar impuestos, cuando esa misma Corte impide que se decrete la emergencia social en la Guajira, cuando el Congreso hunde descaradamente reformas sociales que mejoran el bienestar de las mayorías, cuando la Fiscalía no investiga los hechos de corrupción más inmorales y premia a sus ejecutores con la impunidad o el “vencimiento de términos”, es necesario concluir que los problemas de nuestra sociedad no se pueden solucionar en el marco del sistema que posibilita todos estos palos en la rueda.
Petro no ignora estos problemas y ha advertido, en varias ocasiones, la necesidad de que el pueblo se empodere y se movilice para lograr los cambios que se han propuesto. Es consciente del poder de las élites colombianas y ha opuesto a ese poder la movilización popular. De hecho, le ha planteado al pueblo en las calles que si él, Gustavo Petro, es otro “palo de la rueda”, pasen entonces por encima de él. No obstante, el respaldo popular hacia Petro no es definitivo, no porque él sea corrupto o negligente, sino porque la batalla cultural planteada por la derecha es difícil de ganar: las fake news de los medios de comunicación más importantes, unidas a las declaraciones mentirosas y tergiversadas de los representantes de las demás instituciones del país, más la idiosincrasia tradicional, religiosa y conservadora, propia de la sociedad colombiana, han impedido que un gran sector de la población perciba, de manera favorable, los avances sociales y económicos que ha adelantado Petro en este año y medio y los que su gobierno proyecta de aquí al 2026.
Álvaro García Linera ya había señalado este inconveniente cuando en el 2016 hizo el balance de la primera ola progresista latinoamericana. Según el ex vicepresidente de Bolivia,
“En gestión de gobierno a veces priorizamos la acción política contra las fuerzas opositoras, la mera gestión administrativa o incluso la búsqueda de éxitos económicos para los procesos. Pero si todo ello lo hacemos sin una batalla cultural, politización social o impulso de una significación lógica y moral del mundo que se está construyendo, la buena gestión política, administrativa e incluso económica se traducirá en un debilitamiento del gobierno, un alejamiento de los sectores populares y un crecimiento de la resignificación conservadora en las explicaciones del mundo, en la percepción popular”[3].
El tema comunicacional, en términos logísticos e infraestructurales, es algo que recién el gobierno de Petro está tratando de solucionar para llevar sus ideas más allá de Twitter y plantar cara a esta batalla cultural que, valga decir, la derecha ha desarrollado de forma vil y mentirosa. No obstante, el problema no es solo logístico sino también de contenidos: el progresismo latinoamericano sigue pensando que la manera de evitar el fascismo es defendiendo el liberalismo, le cuesta, dada su naturaleza reformista, entender que la única manera de frenar regímenes y movimientos fachos, es oponiéndose decididamente al capitalismo y proponiendo una alternativa socialista que responda a las necesidades y condiciones de cada contexto nacional. Quizá pedirle a Petro que mute su contenido ideológico y evolucione hacia una perspectiva socialista es mucho pedir, pero aquí es cuando su invitación, de “pasar por encima de él”, es muy acertada. No es Petro el que debe concientizarse sobre la necesidad de romper el marco ideológico del progresismo, allá él si lo hace o no, los que sí deben ser conscientes de ello son el pueblo y sus líderes de base, pues al fin y al cabo ellos son los que hacen la historia.
El progresismo ecuatoriano de Rafael Correa y en general los progresismos latinoamericanos de la primera ola, fallaron en esto que acabamos de plantear, pues al tratar de ser meros administradores del capitalismo nacional, los gobiernos progresistas pronto chocaron con las contradicciones que el capitalismo no puede solucionar, por lo menos no en beneficio de las mayorías. De este modo, las tasas de explotación laboral, el daño medioambiental, la opresión de las mujeres y la autodeterminación de los pueblos tuvieron que volverse a ajustar a las tasas de ganancia requeridas por los burgueses nacionales e imperialistas. Tal problemática derivó en nefastos retornos de regímenes de derecha, más conservadores y fascistoides que los que el progresismo derrotó a principios del siglo XXI: véase el caso de Bolsonaro, Lasso y Milei. El progresismo colombiano debería aprender estas lecciones sino quiere que proyectos más uribistas que Uribe, que ya asoman cabeza, retornen al poder en el futuro cercano.
Una penúltima lección que debería aprender el progresismo colombiano, derivada de la experiencia ecuatoriana, pero que también se observa en otras experiencias progresistas latinoamericanas, es lo que Álvaro García Linera llama “reforma moral e incorruptibilidad”. Veamos lo que dice este autor al respecto:
“es importante, en lo personal, en lo individual, que cada compañero que se encuentre en la función pública (presidente, vicepresidente, ministro, director, parlamentario, gerente) nunca abandone la humildad, sencillez, austeridad, transparencia e incorruptibilidad en su comportamiento diario, en su forma de ser. Una revolución es una voluntad general dirigida a construir una nueva sociedad que supere todos los males que atormentan a la actual, entre ellos la corrupción. Por eso, cada dirigente, cada autoridad representativa tiene que incorporar en su vida, en su cuerpo, no solo la realidad de la nueva sociedad que se está construyendo sino que, además, debe mostrar en su vida cotidiana la diferencia sustancial con los personajes del viejo régimen que en el pasado se enriquecieron a costa del erario público. Hoy, más que nunca, es necesario trabajar en la capacidad de demostrar con el cuerpo, el comportamiento y en la vida cotidiana, lo que propugnamos. No se puede separar el pensamiento de la acción, lo que somos de lo que decimos.
Frente al moralismo hipócrita de los medios de comunicación de la derecha, debemos luchar, una y otra vez, por una moral revolucionaria de dignificación de la gestión de lo público a través de un sacrificio transparente por lo común, de la entrega del ser y el desprendimiento de uno para servir a los demás”[4].
Hasta ahora, Petro se ha mostrado intachable en su conducta. A pesar de haber sido chuzado durante la campaña presidencial y de tener infiltraciones en su gobierno, ninguno de sus opositores ha encontrado un hecho que lo deslegitime moralmente ante la población. Las intentonas que la derecha ha probado en ese sentido, aunque han hecho daño, han salido mal, casi siempre cumpliendo el adagio popular del tiro que sale por la culata. No obstante, la integridad de Petro no ha sido correspondida por algunos de sus funcionarios y aliados políticos. En esto estriba su responsabilidad. De cara a las nuevas luchas políticas que se aproximan, el pueblo y sus líderes de base deben ser ejemplos en rectitud y demandarla, con ahínco, sobre los representantes que eligen y los funcionarios que son designados para el servicio público. García Linera tiene razón, por más tentador que sea, nadie que aspire a la transformación de la sociedad colombiana y del mundo en general, puede sucumbir a las mismas conductas inmorales y corruptas que hasta el sol de hoy han caracterizado a la derecha. La izquierda tiene que ser diferente. El ejemplo sincero y genuino, tanto en el ámbito personal como en los espacios colectivos, más que las buenas ideas y los buenos discursos, son el dispositivo más poderoso para ganar políticamente a las multitudes.
La última lección del progresismo ecuatoriano y latinoamericano de la primera ola, siguiendo con García Linera, es la falta de continuidad en los liderazgos históricos[5]. Después de Rafael Correa, lastimosamente, no hubo quien lo sucediera, no digamos ya para superar su legado, sino para por lo menos mantenerlo. Hasta ahora, parece que algo similar se vislumbra con Petro y no falta quienes, preocupados por esta situación, estén proponiendo su re-elección. No es una buena idea. La experiencia histórica de Colombia y de los progresismos latinoamericanos, demuestran que esas aventuras no salen bien. Definitivamente, si de lo que se trata es de sacar lecciones de la experiencia ecuatoriana, es fundamental, no solo para el progresismo, sino sobre todo para aquellos movimientos que buscan mejorar y superar el legado progresista que está dejando Petro, invertir tiempo y energía en formar políticamente a las bases populares que apoyan los proyectos de transformación y promover, entre ellas, los liderazgos de las personas más preparadas, capaces y honestas. Ante esta situación, en Colombia, lamentablemente, estamos en mora, si se tiene en cuenta los esfuerzos que en esa misma dirección adelanta la derecha.
Este texto salió más extenso de lo que pensaba. Espero que los aportes reunidos aquí coadyuven a los pueblos ecuatoriano y colombiano, que se encuentran en situaciones coyunturales distintas, a avanzar en direcciones realmente emancipatorias. La conclusión quizá sea la siguiente: la transformación social que necesitan ambos pueblos no se encuentra en las políticas autoritarias que bajo el eslogan de seguridad propenden las derechas, ni en las ilusiones de “capitalismo humano” de la izquierda progresista. En ambos pueblos, y en América Latina en general, necesitamos socialismo.
[1] “ESTADO versus MAFIAS | ZONA COMANCHE”. Canal Red Latinoamérica, URL: https://www.youtube.com/watch?v=B4Vq9IPWC2I
[2] RODRÍGUEZ CABRERA, Yenicey (2003). “Análisis geopolítico y geoeconómico del Plan Colombia”. Cuadernos Latinoamericanos, No. 24, julio-diciembre 2003, pp. 81-151.
[3] GARCÍA LINERA, Álvaro (2016). “¿Fin de ciclo progresista o proceso por oleadas revolucionarias?”. Ponencia presentada por el autor en el evento “Restauración conservadora y nuevas resistencias en Latinoamérica”, organizado por la Fundación Germán Abdala y desarrollado en la Universidad de Buenos Aires el 27 de mayo de 2016, p. 17.
[4] GARCÍA LINERA, Álvaro (2016). “¿Fin de ciclo progresista…”, p. 19-20.
[5] GARCÍA LINERA, Álvaro (2016). “¿Fin de ciclo progresista…”, p. 20-21.
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