por Diego Andrés Escamilla Márquez
Según Juan Camilo Cárdenas, Leopoldo Fergusson y Mauricio García, la educación en Colombia no remedia la desigualdad sino que la refuerza, de ahí que ellos usen el término “apartheid educativo”[1] para definir al sistema educativo colombiano. En la opinión de estos autores, dicho apartheid promueve la segregación social y, con ello, las tensiones entre clases, pues divide a la sociedad colombiana en cuatro grupos que se distancian entre sí: 1) el de los privilegiados, que tienen capacidad económica de sobra para pagar una educación privada de alta calidad; 2) el de las personas de bajos recursos, que solo pueden acceder a la educación pública, primaria y secundaria, continuamente desmejorada; 3) el de la clase media y baja, que valiéndose de grandes esfuerzos y sacrificios económicos logran ingresar a instituciones privadas de baja o mediana calidad; y 4) el de los excluidos, ya sea porque nunca ingresaron al sistema educativo o porque en algún etapa del mismo desertaron (hay que añadir que esta segregación se acentúa si se es mujer, campesino, indígena o afro)[2].
Esta división, no obstante, se puede reducir simplemente a dos grupos: “una élite que se educa por aparte, con los mejores estándares de calidad posibles, y el resto de la población que, en ocasiones, intenta emular a esos privilegiados, pero sin lograr estándares de calidad similares, o que simplemente, no intenta porque no puede o porque la educación que recibe es de muy mala calidad”[3].
Esta situación ha generado que la participación de la educación privada en Colombia sea muy alta, incluso mucho más de la que se presenta en los países desarrollados y que, además, dicha educación tenga un sentido predominantemente comercial (la educación como “negocio”) y religioso (dada la fuerza que tiene el cristianismo en la cultura colombiana). De este modo, llama la atención que mientras que en los demás países de la OCDE el 30% de la educación está en manos del sector privado, en Colombia esa cifra sea del 47%, y que mientras que allá se promueven y son frecuentes los espacios de formación pluriclasistas, aquí son muy pocos o inexistentes[4].
¿Qué ocasiona este apartheid educativo en Colombia? Para los autores citados el meollo más inmediato del asunto data desde la segunda mitad del siglo XX y tiene que ver con los conflictos sociopolíticos, en torno a la educación, entre dos sectores: los gobiernos y las élites, por un lado, y el movimiento estudiantil y los sindicatos de maestros, por el otro. Para Cárdenas, Fergusson y García, aunque este conflicto mejoró los niveles de cobertura y las condiciones laborales de los docentes, repercutió de manera negativa en la calidad educativa, toda vez que alteró calendarios y ritmos de estudio y entorpeció la construcción de un proyecto de educación pública amplio[5].
Ante la deficiencia educativa que supuso dicha conflictividad, las élites migraron hacia la educación privada, reduciendo así la presión sobre el Estado para mejorar la oferta educativa pública y causando, en una vuelta de tuerca, que los problemas de la desigualdad educativa se consolidasen y perpetuasen.
Esta situación es tremendamente nefasta, no solo porque produce desigualdad (ya que solo los que tienen ingresos altos pueden costear una educación de buena calidad), sino porque además la reproduce: la desigualdad engendra una considerable masa de trabajadores dispuestos a laborar en el sector educativo a cambio de salarios bajos, circunstancia que abarata la educación privada, haciéndola cada vez más accesible a sectores sociales de clase media y baja, los cuales, dados los problemas de todo orden que se presentan en las escuelas y colegios públicos, también buscan migrar de la educación pública. Por consiguiente, la tuerca vuelve y se aprieta.
Pero la desigualdad que se produce y reproduce no es solo económica, también es política. Ante el desinterés de las élites, sectores de las clases populares se han organizado y movilizado para defender y exigir el mejoramiento de la oferta educativa pública en Colombia. No obstante, estas reclamaciones no han sido suficientes y lo poco o mucho que han logrado ha sido a costa de una radicalización en las expresiones de protesta, lo cual radicaliza a su vez el desprecio estatal por la educación pública y, en muchas ocasiones, la antipatía de una parte importante de la ciudadanía hacia los movimientos sociales que defienden dicha educación.
De este modo, estos movimientos dejan de lograr sus objetivos en pro de la educación pública, incluso pueden perder logros que ya habían conseguido y, nuevamente, la tuerca de la desigualdad se aprieta: el Estado se desentiende, la calidad educativa pública desmejora, los que pueden pagar la educación privada lo hacen, los que no pueden deben quedarse en la educación pública, los que defienden esta educación luchan, su lucha sin embargo no es suficiente, el Estado vuelve y se desentiende y el ciclo se repite en espirales que amplían cada vez más las brechas entre quiénes tienen acceso a una educación de calidad y quiénes no.
Además de la conflictividad descrita, los autores reconocen que el apartheid educativo en Colombia también es producto de las diferenciaciones de clase. Estas diferenciaciones, que son fundamentalmente de tipo económico, derivan en una serie de diferenciaciones inmateriales (culturales[6], sociales[7] y simbólicas[8]) que obstaculizan todavía más la posibilidad de una educación que cumpla con el idealizado objetivo, tan sonado en los medios, de reducir la desigualdad social, es decir, una educación que abra una puerta para que los pobres puedan “desarrollar sus capacidades y ascender socialmente”[9].
Siguiendo con los autores citados, “que los ricos tiendan a perpetuarse, de generación en generación, tanto como los pobres, obedece a un engranaje que no solo depende de la distribución desigual de los recursos económicos que poseen las clases sociales, sino de la capacidad que tienen los más ricos para imponer unos parámetros culturales selectivos que definen lo valioso y lo no valioso en la sociedad y a partir de los cuales filtran a las personas de las clases bajas de las posiciones de privilegio en la sociedad”[10]. Además, estas desigualdades económicas y culturales se profundizaron con la pandemia del Covid-19[11].
Los autores a los que nos estamos refiriendo consideran que el apartheid educativo colombiano puede corregirse fortaleciendo la educación pública de calidad y pluriclasista, siguiendo el modelo de los países desarrollados. No es una mala idea, pero me temo que es insuficiente. Las desigualdades sociales del primer mundo son menores a las nuestras, no por la educación, por lo menos no principalmente, sino porque son sociedades con una mayor redistribución de su riqueza, lo cual es posible, sin desmeritar la lucha de los trabajadores, gracias al alto grado de sobreexplotación que sus países ejercen sobre países tercermundistas como el nuestro. Por lo tanto, replicar el modelo educativo de los Estados con mejores estándares de bienestar social, implica poseer una estructura económica similar a la de ellos, porque la educación en últimas responde a las necesidades de dicha estructura. Las preguntas son: ¿eso es posible?, y, ¿eso es deseable?
Por último, la educación en todo el mundo está tendiendo a reforzar la desigualdad debido a su mercantilización. Por lo tanto, lo que pasa en Colombia son grados mayores o menores con respecto a otros países, pero hace parte del mismo fenómeno, a saber: el capitalismo “valorizando” nuevos ámbitos de la vida social. Por lo que, de seguir el avance del capital a todo el espectro de las actividades humanas, tarde que temprano la educación será más una mercancía (un negocio) que un derecho, ergo, combatirá menos la desigualdad de lo que la reforzará.
No se trata de que no hagamos nada por la educación mientras exista el capitalismo. Se trata de entender que una educación acorde con las aspiraciones humanas más nobles, requiere una sociedad con las mismas pretensiones, y que para construir tal sociedad es necesario seguir luchando por una educación pública, gratuita y de calidad, aún en el marco del sistema capitalista, y aprovechar sus contradicciones, no para desarrollar dicho sistema, sino para lograr superarlo.
[1] Cárdenas, Fergusson & García (2021). La quinta puerta. De cómo la educación en Colombia agudiza las desigualdades en lugar de remediarlas. Bogotá: Editorial Planeta, Ariel, p. 21.
[2] Ibíd., p. 22- 3
[3] Ibíd., p. 23
[4] Ibíd., p. 16, 22
[5] Ibíd., p. 16-17
[6] “El capital cultural […] incluye todos los conocimientos y habilidades, desde la educación formal hasta la forma de hablar, que le dan un status y ventajas a un individuo, sobre todo en una sociedad estratificada. Tener un diploma de una universidad de prestigio es un ejemplo de capital cultural” (Ibíd., p. 27).
[7] “El capital social es el que genera beneficios derivados del hecho de ser parte de ciertas redes o grupos sociales y que se manifiesta en un tratamiento preferencial o en una mayor posibilidad de cooperación. Así por ejemplo, tener acceso a un club social de élite entraña un cierto capital social” (Ibíd., p. 26-27).
[8] “El capital simbólico […] genera beneficios derivados del honor, del prestigio o del reconocimiento social que una persona obtiene de parte de los miembros de su grupo social. Ser un artista o un deportista reputado, por ejemplo, se traduce en la obtención de un cierto capital simbólico” (Ibíd., p.27).
[9] Ibíd., p. 26
[10] Ibíd., p. 27
[11] Ibíd., p. 28
Gracias Diego por tan importante reflexión.
Que importante que ella responda a las necesidades, que nutra a la dinamica social y esta igualmente fortalezca a la educación.
Gracias por tu comentario.