Por Diego Andrés Escamilla Márquez
El pasado 9 de junio, en La Habana, Cuba, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, firmó un cese al fuego con la guerrilla del ELN por seis meses. Este paso es el mayor avance que ha logrado gobierno alguno con esta guerrilla en materia de acuerdos de paz. Es tanto el optimismo al respecto, que el mismo Petro afirmó que en mayo de 2025 finalizaría la guerra entre el ELN y el Estado de Colombia. Tras estos anuncios es pertinente volver a pensar y debatir la cuestión de la lucha armada: ¿sigue siendo necesaria hoy, especialmente aquí en América Latina? ¿La lucha armada es una tesis totalmente superada o su actual ilegitimidad es solo asunto de coyuntura? ¿Los costes de tal forma de lucha justifican o no sus beneficios? ¿En la lucha de clases del siglo XXI, los trabajadores pueden vencer a las burguesías sin que eso implique, en última instancia, el uso de armas y de organizaciones militares?
No son preguntas fáciles de responder, de hecho, en este texto tampoco pretendemos hacerlo, solo buscamos incitar algunas discusiones que, en el actual escenario mediático y su consecuente régimen de sentido común, difícilmente afloran. En ese sentido, y como es el objeto de este espacio, apuntaremos a continuación algunas opiniones al respecto.
Para empezar, es importante reflexionar sobre el momento y el lugar desde el cual estamos preguntándonos sobre la lucha armada. El antecedente más próximo e importante de este debate, en Colombia y en América Latina, puede situarse en la década de 1990, con la disolución de la URSS. Desde aquellos años las agrupaciones políticas que justificaban la lucha armada entraron en un franco declive: sin socialismo en el horizonte y ante las aperturas democráticas que vivieron muchas sociedades del mundo que se habían caracterizado por gobiernos autoritarios y conservadores, la idea de que los sectores populares podían hacerse del poder, o de una fracción de él, mediantes los mecanismos propios de la democracia liberal, ganó legitimidad, en detrimento, obvio, de la relativa legitimidad que hasta entonces había gozado la lucha armada.
América Latina fue una de las regiones del planeta en la que esta transición tuvo impactos rapidísimos y determinantes, al punto que, después de haber experimentado durante la segunda mitad del siglo XX un estallido de grupos guerrilleros, a lo largo y ancho de todo el subcontinente, comenzando la década del 2000 tales grupos ya no existían o sobrevivían como formaciones políticas que participaban activamente y en toda regla de los regímenes democráticos de cada uno de sus países.
La excepción, claro está, fue Colombia. Si bien en este país agrupaciones insurgentes como el M-19, el EPL, el Quintín Lame y el PRT decidieron abandonar la lucha armada para hacer política en el marco de la nueva democratización que prometía la Constitución de 1991, las FARC y el ELN tomaron una disposición contraria y persistieron en la lucha política por medio de las armas. Esta circunstancia hizo ver a Colombia, para bien y para mal, desde afuera y desde adentro, como un país que iba a contrapelo de la historia.
De esta forma, con una inmensa cantidad de guerrillas desmovilizadas y solo dos resistiendo con armas, el argumento de la “mayoría” (“si la mayoría de las guerrillas se desmovilizaron eso quiere decir que la lucha armada ya no sirve”), como suele pasar con otras discusiones, fue deslegitimando la viabilidad de la lucha armada. Claro, no fue el único argumento: los no pocos delitos, errores y excesos que cometieron las insurgencias; las mentiras y la desinformación de los medios de comunicación hegemónicos; la injerencia militar e ideológica[1] de los Estados Unidos; y los duros golpes atestados por las Fuerzas Militares a las estructuras guerrilleras, también hicieron lo suyo para que la opinión pública se convenciera de que la lucha armada era una estrategia pasada de moda.
Bajo este estado de cosas, las FARC y el ELN fueron tildadas de “anacrónicas” y sus defensores, nacionales e internacionales, de “románticos”. No obstante, a pesar de su ilegitimidad, el solo hecho de que estas dos organizaciones existieran, no permitía que las élites capitalistas dieran por liquidada, por lo menos en América, la plausibilidad de la lucha armada. La FARC y el ELN, con solo existir, representaban para dichas élites dos piedras en el zapato, toda vez que deslegitimaban y resistían, aunque fuera marginalmente, sus intereses económicos y políticos en el continente.
Pero este margen de “plausibilidad” empezó a hundirse con la desmovilización de las FARC en 2016 y hoy, con la firma del cese bilateral al fuego entre el Estado colombiano y el ELN, la anegación de la lucha armada parece definitiva. De ahí que algunos medios de comunicación hayan titulado el estrechón de manos entre Petro y Antonio García (máximo comandante del ELN) como “Colombia: fin de la etapa de la lucha armada revolucionaria en América Latina”[2].
Ahora bien, la extinción de la lucha armada es solo una realidad americana y no mundial. La tesis, según la cual, el uso de la violencia y de las armas pueden ser mecanismos legítimos de lucha política para que las clases subalternas lleguen al poder, supervive, con sus virtudes y defectos, en África y Asia. Las afirmaciones mediáticas, por lo tanto, que hacían ver a la sociedad colombiana como una “rareza mundial», por tener en su territorio agrupaciones alzadas en armas con fines políticos, son, pues, una mentira. En otras palabras, la lucha armada sigue existiendo, solo que nuestra desconexión con el resto del mundo, especialmente con África y Asia (Oriente), nos sigue jugando la mala pasada de creernos el “ombligo del mundo”. Vaya paradoja en un mundo supuestamente globalizado.
Por otro lado, que en Colombia y en América Latina haya entusiasmo por el cese de la lucha armada, tal como ha existido, se debe también al momento histórico que estas sociedades están atravesando. Actualmente, por ejemplo, se respira un ambiente de esperanza en Colombia y otros países de la región, gracias a las victorias electorales de los proyectos progresistas. El ideal de que los cambios sociales son posibles por las vías pacíficas e institucionales, sin necesidad de la mediación armada, ilusionan a las ciudadanías cansadas de tanto sufrimiento y derramamiento de sangre. Sin embargo, hace un par de años atrás, en Chile, Ecuador y Haití (2019), pasando por Colombia (2021) y hoy Perú (2023), estas mismas ciudadanías protagonizaron estallidos sociales en los que los “fantasmas” de la lucha armada volvieron a aparecer. Estas experiencias, sin querer queriendo, pusieron en la conciencia de las masas la necesidad de responder a la violencia estatal con estrategias que estaban por fuera del orden institucional, incluso, con estrategias que también apelaban a la violencia. Estos estallidos no llegaron a concretar organizaciones militares de carácter popular como en las décadas de 1960 o 1970, pero dieron a luz agrupaciones de resistencia urbana (Primeras Líneas) y formas de organización de base (Asambleas Populares, en el caso de Colombia), que no descartaron el uso de la fuerza y de la violencia como una manera de defender al pueblo de la represión estatal. Que las oligarquías de Colombia y Chile, por ejemplo, hubiesen permitido la llegada de gobiernos progresistas como el de Petro y el de Boric, dan cuenta del temor de estas oligarquías a que dichos estallidos sociales se convirtieran en embrionarias luchas populares que, dadas las posiciones de cerrazón política, legitimaran, tal y como ocurrió en el pasado, la lucha armada.
Fijémonos, entonces, que la lucha armada no es una idea de la que se pueda prescindir absolutamente. Su aparición no está dada por el capricho de éste o aquél sujeto, sino por el nivel de antagonismo que adquiere la lucha de clases. Los pueblos (y está demostrado en la historia), no acudieron a las armas sin haber intentado primero las vías de cambio que les proporcionaban los sistemas legales vigentes. Agotadas estas vías, y ante la resistencia que oponían las clases dominantes, es que la violencia desde abajo se hizo muchas veces inevitable. De este modo, el uso de la lucha armada y de la violencia por parte de las clases oprimidas, está determinado, de manera fundamental, por el grado de reacción y represión que opongan las clases dominantes a los cambios sociales demandados por aquellas. Claro, las clases dominantes pueden llegar a tal grado de violencia, que en lugar de mitigar o derrotar las rebeldías populares, las aplastan y hacen imposible cualquier intento de resistencia (armada, civil o simbólica) por parte de estas. Aunque este tipo de medidas connota para los “vencedores” una ilegitimidad e inestabilidad social que es difícil sostener en el tiempo, es un recurso que las clases dominantes de hoy, ligadas al capital, no desechan. En otras palabras, las burguesías les piden a las clases trabajadoras y al pueblo en general, que renuncien a la lucha armada, sin embargo, ellas no lo hacen.
Concluyamos. Es muy positivo que el conflicto armado interno colombiano llegue a su fin. Desde los Acuerdos de Paz con las FARC en 2016, la sociedad colombiana ha experimentado una disminución notable de hechos victimizantes y el pueblo ha adquirido la conciencia de que el núcleo fundamental, de los problemas sociales, no eran las guerrillas, sino los intereses y las conductas criminales de las élites burguesas asentadas en el poder desde hace 200 años. Seguir en la misma línea con el ELN, coadyuvará a que lo uno (disminución de la violencia) y lo otro (concientización de los problemas sociales) se profundice.
Por otra parte, es muy positivo que la lucha armada, tal y como se ha vivido en Colombia, desaparezca. Una lucha armada que se sostiene sin legitimidad ni apoyo popular, no tiene razón de ser, fácilmente se desvía hacia el terrorismo, la delincuencia o la criminalidad. Tales desviaciones hacen un daño terrible, no solo a la gente que vive en los lugares en los que los alzados en armas operan, sino al pueblo y a la izquierda en general, que tienen que invertir significativas cantidades de tiempo y energía para desmarcarse de estas prácticas, máxime cuando hacen uso de la violencia en circunstancias que lo ameritan.
Por último, si las burguesías no pueden prescindir de la violencia, el pueblo tampoco. No se trata de ser violentos per se, se trata de no ser ingenuos. Ahora bien, la violencia o la lucha armada tampoco pueden ser un absoluto. Hacer uso de ellas dependerá, siempre, de las condiciones concretas de cada formación social. Las personas y los grupos que están interesados en las transformaciones positivas de la sociedad deben leer sus respectivos contextos y determinar, con la mayor precisión científica posible, cuándo la violencia es un mecanismo necesario, posible y justificado y cuándo no. En América Latina, por ejemplo, hay reivindicaciones laborales, campesinas y feministas que se pueden lograr mediante la movilización social y las urnas. Pues bien, hay que intentar por ahí. En esta misma región todavía hay mucho que hacer en lo concerniente a la alfabetización política, la concientización de clase, la educación científica, el fomento cultural, etc., y para todo ello no se necesitan armas ni violencia, sino, sobre todo, organización popular. Pues bien, también hay que trabajar en eso.
De hecho, Petro hace uso de un concepto que tendríamos que analizar como posible contrapeso de la lucha armada: el concepto de “multitud”. Si se sigue los discursos de Petro, se puede notar que para él, las multitudes movilizadas son la clave de los cambios sociales, políticos y económicos del siglo XXI. Claro, podemos decir que eso ha sido siempre así, pero dado que en el capitalismo la brecha entre ricos y pobres es cada vez más amplia, las multitudes de hoy son proporcionalmente más grandes que las multitudes de hace uno o dos siglos, y las minorías que dominan hoy, por lo tanto, más pequeñas que las minorías que dominaban en aquellas épocas. “Las minorías de hoy son más poderosas”, dirán algunos, y eso es innegable, pero las actuales multitudes también lo son. ¿Entonces, dónde está el punto de quiebre? El quiebre de esta disputa está en cuál de las dos clases sociales, burguesía y proletariado, logra ganar la conciencia de las multitudes. La primera ha agotado el liberalismo y en estos momentos está reencauchando el fascismo. La segunda, que se ha comido el cuento de que el socialismo es un “coco”, quiere rescatar el liberalismo. De seguir así, el proletariado, como clase para sí, perderá las multitudes. Lo estamos viendo con las victorias electorales de los nuevos movimientos fascistas alrededor del mundo.
Habiendo aclarado que hoy, más importante que la lucha armada o el uso de la violencia, es la lucha ideológica y política por la conciencia de las multitudes, tengo que decir que no me gusta la guerra, ni tampoco la violencia, pero detesto todavía más la opresión y la injusticia. Por eso, como dijera el cantautor Alí Primera, “cuando no existan oprimidos, entonces, le cantaré a la paz”. Si la opresión y la explotación de unos seres humanos por otros pueden dejar de existir sin que los oprimidos y los explotados hagan uso de la violencia, entonces, cuenten conmigo, seré el primero en luchar por esa causa y en cantar por esa paz. Espero que esa sea la fuerza que tienen las multitudes.
[1] Tres influencias ideológicas, propagadas por Estados Unidos, tuvieron bastante asidero en las sociedades latinoamericanas: la doctrina de seguridad nacional o lucha contra el comunismo, la lucha contra el narcotráfico y la lucha contra el terrorismo.
[2] Ver https://lahora.gt/opinion/azapata/2023/06/14/colombia-fin-de-la-etapa-de-la-lucha-armada-revolucionaria-en-america-latina/
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