LAS JUSTAS PROPORCIONES DEL “ACUERDO NACIONAL” DE PETRO

por Diego Andrés Escamilla Márquez

Después de la victoria electoral del 19 de junio, Petro ha venido realizando acercamientos con sectores de la burguesía colombiana que hasta hace un par de semanas se definían como sus más acérrimos contradictores políticos. Sin embargo, para ser sinceros, estos acercamientos habían empezado desde hace más de un año, cuando políticos de partidos tradicionales como Roy Barreras y Armando Benedetti se plegaron a la propuesta de “Pacto Histórico” anunciada por Gustavo Petro, Gustavo Bolívar y agrupaciones de la izquierda convencional colombiana.

Después de Barreras y Benedetti se sumaron al Pacto Histórico sectores del Partido Liberal, del Partido Verde y del llamado santismo (afines al expresidente Juan Manuel Santos), apoyos (especialmente el último) que representaron espaldarazos importantes para que las clases dirigentes colombianas mitigaran su miedo a Petro.

De alguna manera, y esto hay que reconocerlo, Petro es el “caballo de Troya” con el que un sector de la burguesía pretende desplazar a otro. Es decir, Petro es una ficha clave para una parte de la élite que está decidida a ganarle la hegemonía al uribismo, no solo porque este último representa un detonante de la desestabilización social (evidenciada en el Paro Nacional de 2021), sino por una cuestión de competencia capitalista: buscan frenar la acumulación de capital proveniente del narcotráfico, el gran latifundio y la corruptela estatal, con la que el uribismo ha tomado ventaja en los últimos 20 años, para darle espacio a un capitalismo más productivo (que ellos dicen representar), o, si esto último no ocurre, para que la referida acumulación cambie de manos.   

Si el desplazamiento del uribismo requiere de Petro, no es porque las élites contrarias a Uribe así lo deseen o así lo hayan planeado, sino porque así está planteada la correlación de fuerzas en el actual escenario político de Colombia. La política es un campo de tensiones sociales que no solo está determinado por las contradicciones al interior de las clases dominantes, sino también por las luchas que desarrollan las clases dominadas. En la Colombia de hoy, gracias a lo que pasó en el 2021, el pueblo ha puesto su cuota en esta determinación, a tal punto que la burguesía ha tenido que aceptar a Petro, no de buena gana, sino como una “válvula de escape” que evite un alzamiento popular de dimensiones mucho más radicales.

Petro, cuyo horizonte no es el socialismo sino un capitalismo regulado (al mejor estilo de Keynes), no está pensando en llevar a cabo ninguna revolución social, ni nada parecido. Su objetivo es sacar avante unas reformas que mitiguen el hambre y eviten, precisamente, un estallido social que dé al traste con las instituciones del Estado. Podemos estar de acuerdo o no con estos objetivos, pero lo cierto es que Petro, que no se dice socialista ni revolucionario, no puede hacer ni le podemos demandar más. Por lo tanto, es apenas comprensible que si quiere lograr dichas reformas, por la vía pacífica y no revolucionaria, considere el diálogo y la conciliación como los caminos necesarios para por lo menos arañarlas (me refiero a las reformas).

Los sectores de la burguesía que relativamente han aceptado desde hace un tiempo atrás la propuesta conciliadora del Pacto Histórico no tienen reparos en que Petro incluya dentro de sus aperturas a sus adversarios más tenaces, llámense Rodolfo Hernández o Álvaro Uribe Vélez, pues ello garantiza un ambiente de «estabilidad social» que propicia el desarrollo del capital. La condición sine qua non es que dichos adversarios, la burguesía uribista, derrotados en las urnas el 19 de junio, y que siguen teniendo un poder importante, se mantengan subordinados y controlados. En ese sentido, el «Acuerdo Nacional» de Petro, al margen de su justificación ideológica, está jugándose la gobernabilidad a tres bandas: mantener medianamente satisfechos a la burguesía «liberal», medianamente controlados a la burguesía reaccionaria y medianamente esperanzados a los 11 millones de personas que votaron por él. Lo más probable es que ese equilibrio se rompa en cualquier momento, pero bien sabe Petro que, dentro de su marco ideológico y el contexto político en el que se encuentra, esa es la única alternativa que tiene para no condenarse al aislamiento y, como lo dijo en una entrevista, evitar que lo tumben.

De este modo, el «Acuerdo Nacional» no solo es una cuestión ideológica, también es un cálculo político: Petro es consciente que no tiene el poder necesario para su gobernabilidad. Si bien el poder ejecutivo es una parte importante del poder estatal, es quizá la fracción más discreta en relación con el poder económico y militar. Para tener la aprobación de estos últimos, o por lo menos de sus sectores mayoritarios, Petro requiere de las alianzas y conversaciones que está adelantando (especialmente las anunciadas con Álvaro Uribe Vélez).

Alguien podría decir que Petro no necesita de estas alianzas, menos con personajes tan nefastos, y que debería apoyarse en la importante fuerza social que lo respaldó en las urnas. Ese argumento no es suficiente, en primer lugar, porque como lo hemos dicho, no corresponde a la concepción ideológica de Petro ni de la gran mayoría de los que lo respaldaron electoramente, quienes no quieren un presidente revolucionario (de ser así no lo hubiesen votado) sino alguien que precisamente haga lo que él está haciendo: “reconciliando al país”. En segundo lugar, porque si bien Petro cuenta con un gran electorado, los 10 millones que votaron en su contra no representan menos. Por lo tanto, aproximarse a estos últimos, así sea por arriba (conversando con Cesar Gaviria, Álvaro Uribe, Rodolfo Hernández, Germán Vargas Lleras, etc.), también hace parte de ese cálculo político.

Me temo que el rechazo que ha generado los acercamientos de Petro a la élite política más tradicional, principalmente en las bases sociales que lo apoyan, se debe más a la ingenuidad de las concepciones idealistas sobre lo que debería ser la política, que a convicciones realmente revolucionarias.

Podríamos concluir, entonces, que los llamados de Petro al “Acuerdo Nacional” obedecen, en alguna medida, a su proyecto ideológico adscrito a la socialdemocracia, que en lo fundamental busca evitar el socialismo mediante la regulación del capital, planteando la profundización de la democracia liberal como estrategia política; pero si hablamos de medidas más determinantes, el “Acuerdo Nacional” es la estrategia de Petro para garantizar su gobernabilidad, ora por su incapacidad de controlar otros sectores del poder distintos  al poder ejecutivo, ora por los compromisos asumidos desde antes con sectores burgueses antiuribistas u ora por la negativa polarización que le representan 10 millones de votos en su contra.  

Qué escenarios plantea esta nueva situación para los movimientos sociales y políticos que entienden las limitaciones e insuficiencias del petrismo de cara a las transformaciones estructurales que se necesitan para mejorar las condiciones materiales de la mayoría de la población, será tema de otra discusión. Por ahora, en pro de evitar falsas ilusiones, démosle al «Acuerdo Nacional» sus justas proporciones.