LA TRAMPA DEL “NOSOTROS”: UNA CRÍTICA NO-URIBISTA AL INFORME FINAL DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD

por Diego Andrés Escamilla Márquez

El uribismo ha arremetido contra el Informe Final de la Comisión de la Verdad alegando básicamente tres argumentos: 1) que dicho Informe está sesgado y por lo tanto miente, 2) que el Estado es un actor armado que operó legítimamente y 3) que los culpables del conflicto y sus desastres son principalmente las guerrillas. Con esta narrativa, los sectores de la ultraderecha colombiana pretenden negar la realidad sobre el conflicto armado interno, impedir las reivindicaciones del Acuerdo de Paz de 2016, exculpar la conducta criminal del Estado y sus Fuerzas Militares (en alianza con paramilitares) y deslegitimar cualquier proyecto político de izquierda, sea este reformista o revolucionario.

La crítica que se pretende esbozar aquí nada tiene que ver con esta crítica uribista. Tampoco se trata de enlodar el trabajo hecho por la Comisión, cuyas intenciones y metodologías son probas. La idea, por el contrario, es responder al llamado de la Declaración del primer volumen del Informe Final: “abrir caminos para una conversación sin miedo sobre la nación que somos y el Estado que hemos construido”.

A esa “conversación sin miedo”, que invitan Francisco de Roux y los demás comisionados, hay que criticarle, para empezar, el generalizado uso del plural. Constantemente los autores del Informe Final se preguntan cómo fuimos capaces de aceptar la barbarie, cómo nos atrevimos a dejar que pasara, cómo permitimos que continuara y otras preguntas similares con el mismo tono culposo del «nosotros«.

El problema no es semántico, es político, toda que vez que el enfoque de la responsabilidad colectiva, al culparnos a todos, termina por no responsabilizar a nadie. Aunque la Comisión rechaza que esta sea su pretensión, el acento que ella misma ha puesto en la primera persona del plural, tanto en los espacios de socialización como en los medios de comunicación, poco a poco diluyen la responsabilidad de los sectores que originaron y perpetuaron la guerra.

Distribuir la culpa entre toda la población, además de confundir la conciencia y movilización ciudadanas, afectan a las mismas víctimas en sus derechos de reparación y no repetición. Si la responsabilidad es de todos, las víctimas tendrán que reconocer que son culpables, en algún grado, de su propia victimización, y aunque tal premisa no es cierta, lo cierto es que representa una solución bastante «fácil» tanto para las élites como para las ciudadanías en general. Para las primeras, «fácil» en tanto no se cuestionan a fondo las estructuras de su dominación, y para las segundas, «fácil» porque es un relato entendible, cercano a las lógicas del cristianismo, satisfactor, por ende, de sus necesidades de sentido. El problema de esta «facilidad» es que no permite comprender las causas de la injustica social en Colombia (meollo del conflicto) y si no se pueden comprender menos se pueden transformar, por lo que los escenarios de victimización son repetibles.

Los que defienden la responsabilidad colectiva argumentan que el conjunto de la sociedad es responsable, sobre todo, por su indiferencia. No obstante, la indiferencia no es una conducta intrínseca en la sociedad colombiana, la historia muestra que ha sido creada e impuesta, con sangre y fuego, en la psiquis colectiva de sus habitantes. El pueblo de Colombia buscó siempre parar la guerra, intentó hasta el cansancio los caminos pacíficos, denunció las atrocidades y creyó y le apostó a la democracia; si hoy se le acusa a este pueblo de indiferente es porque el Estado lo persiguió con la sevicia más inhumana de todo el continente, lo sembró de miedo, lo adoctrinó con medios de comunicación canallas y solapados y lo consoló con telenovelas, partidos de fútbol y otros opiáceos. De ahí brota la indiferencia con la que se nos acusa a todos. Lo que asombra, sin embargo, no es la indiferencia que el Estado logró, sino la capacidad para que, a pesar de la misma, una gran parte del pueblo se haya mantenido en pie de lucha y digno.

El enfoque del “nosotros”, en resumidas cuentas, desdibuja lo fundamental para el esclarecimiento de la verdad sobre el conflicto armado interno colombiano, a saber, que antes que una nación, una hermandad, un cuerpo o cualquier otra alegoría parecida, Colombia es una sociedad dividida en clases. No hay, por lo tanto, un «nosotros» si esta división persiste y se profundiza. La Comisión no hace énfasis en esta división (aunque los datos del Informe Final la comprueban) porque su mandato, más que la verdad, es la reconciliación nacional.

El problema de la reconciliación es que mientras existan clases que exploten y opriman a otras, no es posible, o lo es pero no el sentido armónico y equitativo que denota el término (es decir, no es reconciliación). La razón es sencilla, la buena voluntad difícilmente supera los intereses económicos y políticos. No obstante, aunque no es posible, la reconciliación es deseable, especialmente para las clases dominantes, a las que no les conviene una conflictividad social y armada permanente, por aquello de la estabilidad y el buen ambiente que requieren sus negocios. De esta preocupación nace el interés de las burguesías de todo el mundo por los discursos de la reconciliación, como un proceso de diálogo y negociación con los explotados y oprimidos, en el que de todas maneras ellas deben salir ganando y estos deben colaborar con un poco de sumisión y resignación (reconciliación vertical).

Claro, los de abajo pueden tener otro sentido de la reconciliación, por ejemplo, el que amista o hermana al pueblo entre sí (reconciliación horizontal). Si logramos hacer que esa sea la interpretación del Informe Final sería fabuloso, pero por ahora no lo es.

Ahora bien, aunque parezca paradójico, el pueblo siempre ha estado presto a los llamados de reconciliación nacional, es decir, ha intentado concertar las diferencias con los opresores y les ha creído sus buenas intenciones. No obstante, como si se tratara de una patología, ha sido continuamente defraudado: desde José Antonio Galán en la época de los comuneros (1781), pasando por los magnicidios de Rafael Uribe Uribe (1914) y Jorge Eliécer Gaitán (1948), hasta los incumplidos acuerdos de paz en la segunda mitad del siglo XX (casos de Guadalupe Salcedo, Unión Patriótica, M-19 y recientemente el de las FARC), los de abajo han tenido que pagar, vez tras vez, los costos de creer en una reconciliación saboteada por los mismos que la ofrecen (esperemos que el gobierno de Petro no sea un ítem más de esa lista de ignominia).

Los motivos para desconfiar del Estado y sus clases dominantes, por lo tanto, son muchísimos y no infundados. La Comisión insiste, sin embargo, en que nos reconciliemos, que obviemos el hecho de que las burguesías detentan el poder y de que nosotros, la inmensa mayoría, somos trabajadores explotados por ellas; que soslayemos, por ahora y ojalá hasta la eternidad, las ideas de transformaciones radicales y que lo hagamos pro de la paz, la paz que necesita el capital para expandirse.

Los comisionados consideran, genuina y sinceramente, que el antagonismo de clase puede remediarse dialogando, postulando a la razón, y no a la fuerza, como el medio para encontrar los caminos de concordia. Pero es aquí donde las preguntas son necesarias: ¿las burguesías colombianas necesitan de más diálogos para que les expliquemos el problema de la desigualdad? ¿Acaso requieren que les demos más argumentos razonables sobre la importancia de frenar la crisis medioambiental? ¿Quizá no hemos dado con las ideas que logren convencerlas para que apliquen un verdadero Estado social de derecho? No, el problema no está en que ellas, las burguesías, entiendan los argumentos, el problema está en que no les conviene, de ahí que, derrotadas por la ciencia y la inteligencia popular, no vean otra salida que apelar a la violencia.

Por lo tanto, si la Comisión insiste en la reconciliación debería promoverla con nombres y apellidos propios, los de las burguesías, sus familias, en vez de achacarnos tal compromiso a todos. Es a esas familias a las que la Comisión debería insistirles, hasta desgañitarse, que tomen en serio, de una vez por todas, las acciones conducentes a su mentada reconciliación, porque son sus miembros los que suscitaron y siguen suscitando, en última instancia, las condiciones de reproducción del conflicto armado interno. Tal vez, cuando la Comisión lo haga, nos demos cuenta de la verdad: que las clases altas nunca han querido la reconciliación.

Como la Comisión no se va a desgañitar en ese propósito no podemos hacernos muchas ilusiones. Ella seguirá insistiendo en la responsabilidad colectiva que tenemos todos los colombianos y matizará, sin querer queriendo, la responsabilidad de las clases dominantes. Ese enfoque, sin embargo, no es excusa para no estudiar ni difundir el Informe Final. De hecho, el Informe puede ser un insumo para la autocrítica de los sectores populares, señalándonos en qué nos hemos equivocado, en qué hemos acertado, cuáles son nuestras potencialidades, etc., a fin de que nuestras luchas futuras sean cuantitativa y cualitativamente mejores.