por Diego Andrés Escamilla Márquez
El paramilitarismo es de vieja data en Colombia. Podríamos rastrear fenómenos paraestatales relacionados con funciones militares, financiados y apoyados por las autoridades gubernamentales, desde la época colonial hasta las primeras décadas del siglo XX. Sin embargo, para no hacer tan extensa esa genealogía, ubiquemos sus inicios en los gobiernos de Mariano Ospina (1946) y Laureano Gómez (1950), con la creación de “chulavitas” y “pájaros”, respectivamente. Estos dos grupos se encargaron de perseguir a sangre y fuego al movimiento gaitanista hasta que a este último no le quedó otra opción que convertirse en guerrillas de autodefensa (las guerrillas liberales).
Desde esa época hasta el presente, apoyados por Estados Unidos y la élite colombiana, los paramilitares han existido sin variar un ápice su objetivo principal: servir de brazo ilegal del Estado, es decir, hacer el “trabajo sucio”. ¿Con qué fines? Básicamente dos: mantener el control político sobre la población (especialmente de cara a los sectores contestatarios; la denominada “contrainsurgencia”[1]) y participar de las rentas económicas que dejan las actividades mafiosas.
De este modo, además de perseguir y asesinar al movimiento gaitanista, los grupos paramilitares tienen en su “haber histórico” la violencia (terrorista) ejercida contra la población campesina, las organizaciones sindicales, el movimiento estudiantil, los colectivos cívicos urbanos, los partidos y agrupaciones de izquierda, las insurgencias y sus desmovilizados, los intelectuales críticos y, últimamente, los líderes sociales. En últimas, los paramilitares han arremetido contra aquellos sectores que representan, en alguna medida, un cuestionamiento al régimen político tradicional y sus clases dominantes.
Aunque los paramilitares nacieron bajo la premisa de mantener el statu quo político, prontamente, sectores emergentes y tradicionales de la burguesía, junto con algunos capitales extranjeros, mezclaron tales aspiraciones con sus aspiraciones propiamente económicas. Así, por ejemplo, ramos de la agroindustria y empresas extractivas aprovecharon La Violencia (1948–1964) para asegurarse las tierras que les fueron despojadas a los campesinos por la acción de los chulavitas, y gamonales y terratenientes, valiéndose de la capacidad intimidatoria de los pájaros, traquetearon con el café.
En la misma tónica se puede entender el accionar de los grupos paramilitares posteriores a La Violencia y sus probadas alianzas con terratenientes, narcotraficantes, mineros, políticos, militares y multinacionales; así como las vinculaciones recientes con el microtráfico, la extorsión y la prostitución.
El Clan del Golfo, por más que el actual gobierno insista que no son paramilitares (pues argumenta que éstos se acabaron en el 2005, con el proceso de desmovilización de Justicia y Paz), definitivamente lo son. Este grupo se ajusta, sin mayores divergencias, a los fines políticos y económicos que hemos citado arriba. Una consulta rápida a las noticias del último año dan cuenta de las alianzas del Clan del Golfo con mandos del Ejército, políticos regionales y empresarios (estos últimos vinculados especialmente por el tema de “lavado de dinero”).
Claro, el paramilitarismo de hoy no es el mismo de las décadas de 1990 y 2000, en cuyos años alcanzó un nivel de organización de carácter nacional (las AUC[2]) y copó las esferas más altas del Estado (“parapolítica”), pero igual sigue siendo paramilitarismo, más abocado a los ámbitos regionales del Estado, política y económicamente hablando, pero paramilitarismo al fin y al cabo. De hecho, una lectura de la evolución del Clan del Golfo podría advertir que dicha estructura paramilitar, originaria del Urabá antioqueño, está protagonizando un proceso de expansión y recomposición que tiende a asemejarse a lo logrado por las extintas AUC.
Este análisis puede parecer erróneo dadas las advertencias y los supuestos golpes que el gobierno de Duque ha dado contra el Clan (la “captura” de alias Otoniel, por ejemplo) y los crímenes que en las últimas semanas este grupo viene cometiendo contra miembros de la Policía Nacional. Sin embargo, tal contradicción, siguiendo al padre Javier Giraldo, puede ser solo parte de una obra de teatro[3] en la que el Estado quiere mostrar su faceta de “lucha contra la delincuencia y el narcotráfico” y el Clan del Golfo su enojo y retaliación a esta faceta.
Si bien la heterogeneidad dentro de la Fuerza Pública y dentro del mismo Clan pueden explicar las acciones contradictorias de la una y del otro, hay mucha evidencia empírica para sostener su connivencia, principalmente en las regiones, y sospechar, por lo tanto, que los golpes del Estado contra el Clan no son una política genuina contra el crimen, y que el actual asesinato de policías no se debe meramente a las retaliaciones de dicho Clan.
La otra hipótesis, menos desmentida que la anterior, es que estos neoparamilitares están arremetiendo contra los miembros de la Policía Nacional con el fin de presionar al gobierno entrante para establecer un proceso de negociación de «paz total» y/o de sometimiento a la justicia. Petro no se ha mostrado indiferente a esta idea, pero el escepticismo ronda alrededor de qué tan dispuestas estarían estas estructuras a abandonar las actividades económicas ilegales y qué tan dispuestos estarían los sectores institucionales y empresariales que las apoyan a hacer lo mismo.
Las dudas de que algo así pueda suceder estriban en que, por un lado, las rentas de las mafias son de una cuantía nada despreciable, que tienden al alza por la alta demanda internacional de sus mercancías (cocaína, minería, cuerpos de mujeres para la prostitución y el turismo sexual, etc. ) y, por el otro, que los mafiosos, durante el gobierno de Petro, no tendrían mucho que temer, dado que la Fuerza Pública, encargada de perseguirlos, no se muestra todavía cómoda con el nuevo presidente.
En ese sentido, las hipótesis del accionar propiamente paramilitar, para explicar los actuales asesinatos de policías por parte del Clan del Golfo, no se pueden descartar. En otras palabras, el Clan del Golfo estaría asesinando policías, no por retaliación ni por presión -por lo menos no exclusiva ni fundamentalmente-, sino bajo una intención decididamente política (contrainsurgente), a saber, crear un ambiente de caos y de rompimiento institucional que le obstaculice la gobernabilidad a Petro, al tiempo que se protegen las actividades económicas ilegales de las posibles afectaciones que connoten las reformas anunciadas por el gobierno electo.
Un objetivo de esta envergadura no es pensado ni maquinado por el paramilitar de a pie que está en los territorios, sino por sectores poderosos que pueden influir para que, por ejemplo, el Ejército no arremeta contra las estructuras del Clan (o lo hagan a modo de “plan tortuga”), o para que los medios de comunicación realicen un despliegue propagandístico a favor de la Policía Nacional, buscando no solo lavar su desprestigio, sino también ganar la simpatía y compasión de la ciudadanía a favor de la Fuerza Pública en general. De este modo, los “auto-ataques” a la Policía, por acción u omisión del Estado, y el subsecuente apoyo ciudadano a la misma, le restarían apoyo popular a Petro en lo concerniente a las anunciadas reformas a las fuerzas militares, que son, en última instancia, las instituciones sobre las que recae efectivamente el poder.
Queda solo una cuestión por mencionar: ¿pueden los sectores poderosos del país sacrificar a los hombres y mujeres que los defienden (policías) para proteger sus intereses particulares? Sí, de hecho lo han hecho antes. Algunos ejemplos:
1) Colombia fue el único país de América Latina que participó en la Guerra de Corea (1950–1953). El objetivo era complacer a Estados Unidos; tal complacencia costó 200 soldados muertos y 400 heridos;
2) el Estado colombiano prefirió sacrificar miles de vidas en el conflicto armado interno antes de llevar a cabo algunas reformas que le pusieran fin;
3) la responsabilidad de los “falsos positivos” ha recaído, primordialmente, en soldados rasos y mandos medios (ni en generales, ni en políticos); y
4) entre los años 2015 y 2016 el país se enteró del escándalo de la “Comunidad del anillo”, una red de prostitución al interior de la Policía Nacional, en la que los generales fungían de proxenetas de hombres jóvenes de menor rango, ofreciéndolos a empresarios y políticos por altas sumas de dinero; el escándalo le costó la jefatura al general Rodolfo Palomino.
De este modo, no es descabellado afirmar que elementos del Estado colombiano acometan acciones de “auto-atentado”, sacrificando a las personas que lo defienden, con el fin de asegurar su poder dentro del régimen político y sus negocios en el ámbito económico. Las hipótesis siguen abiertas y solo sabremos su grado de asertividad en la medida que las contradicciones actuales se sigan desenvolviendo. Por ahora, Petro tiene otro escenario de gobernabilidad que resolver: el de la Fuerza Pública y su vinculación con los poderes mafiosos, y el de estos con los poderes económicos y políticos, especialmente en las regiones.
[1] Aunque la palabra “contrainsurgencia” denota literalmente la lucha estatal contra las insurgencias, es decir, contra las guerrillas, desde que el término se originó, a mediados del siglo XX, tal lucha se entendió no solo como la lucha militar contra grupos de rebeldes armados, sino, principalmente, contra las bases sociales que apoyaba dichos grupos. De ahí que la contrainsurgencia, más que operarse en el campo militar, se desplegó contra la población civil, y no solo como represión física, sino también como propaganda psicológica (Ver Renán Vega Cantor, Colombia y el imperialismo contemporáneo, 2014).
[2]“Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) fueron una organización paramilitar, terrorista, narcotraficante y contrainsurgente de extrema derecha que participó en el conflicto armado interno en Colombia entre 1997 hasta su desmovilización en 2006” (Wikipedia).
[3] Sobre los golpes dados por el Ejército al Clan del Golfo, el padre Javier Giraldo afirmó lo siguiente a principios del 2022:
“ellos manejan todo esto dosificadamente, de tal manera que puedan defenderse y mostrar la otra cara, la de la persecución, en determinados momentos. Pero hay algo que salta como una preocupación de fondo y es el problema de la verdad. Hasta qué punto los grupos que ellos dicen que han golpeado son realmente del Clan del Golfo, o más bien son delincuencia común o incluso de guerrilla, y tratan de presentarlos así. ¿Dónde está la credibilidad? ¿Dónde está la verdad? Las misiones humanitarias han tratado de escuchar el testimonio de las víctimas. Aquí los militares piden pruebas y las únicas pruebas válidas son las que van a las Fiscalías o a las Procuradurías, esas no son pruebas dentro de cierto consenso de los movimientos sociales, en primer lugar porque los que van a denunciar entran en un riesgo grandísimo y esa no es una vía de denuncia para los movimientos sociales, menos en un momento en que todos los órganos de control están cooptados por el alto Gobierno.
Entonces está de por medio el problema de la verdad, a quién creerle y cómo acceder a la verdad en un momento de estos en que no se puede confiar en los órganos de control. Uno ve tantas mentiras, por miles, de carácter oficial. El sólo hecho de que se destaparan más de 6 mil casos de falsos positivos muestra eso, 6 mil veces que el alto Gobierno fabricó falsas verdades y le presentó al país grandes mentiras relativas a crímenes horrendos que se presentaron como verdades y ahora se destapan. Eran mentiras revestidas de verdad. Lo mismo es lo que ha pasado con la Comunidad de Paz de San José de Apartadó: si uno mira la masacre del 2005, el gobierno trató de venderle al país la falsa idea de que había sido la guerrilla la que había hecho esa masacre, ahora es la Corte Suprema de Justicia la que condena a 10 militares. Nos vendieron una falsa verdad durante varios años, era una mentira oficial revestida de verdad. Eso ha ocurrido multitud de veces” (El Espectador, 6 de enero de 2022, URL: https://www.elespectador.com/colombia-20/conflicto/la-captura-de-otoniel-fue-una-obra-de-teatro-padre-javier-giraldo/).
¿Por qué hablamos siempre del paramilitarismo y lo criticamos pero no veo que aquí hablemos de las FARC y las barbaries que hicieron y hacen aún?
Es decir, por qué legitimamos lo que hacen las FARC? No estoy defendiendo al paramilitarismo, pero se me hace extraño que aquí en el Blog veo todo hacia esa corriente y de las FARC no se habla.
Teniendo familiares asesinados por las FARC, habiendo conocido lo que hacían LAS FARC en carne propia, causa siempre curiosidad ver que aquí se habla y habla de otros menos de las FARC, quienes han causado una guerra inútil con el único fin de mantener el dinero y narcotrafico de este mismo grupo armado.
Ese comportamiento lo único que hace, es legitimar a las FARC y mostrar la hipocresía de la izquierda.
Considero que las FARC y los demás movimientos guerrilleros, aunque surgieron de entre sectores populares, efectivamente se equivocaron. Tal equivocación tiene dos aspectos: por un lado, una equivocación en torno al proyecto político y, por el otro, una equivocación de estrategia militar. La primera equivocación tiene que ver con el objetivo de la lucha armada: las guerrillas se alzaron en armas no para hacer una revolución, por lo menos no como objetivo principal, sino para poder acceder a la participación política en el país. Claro, en este sentido, el alzamiento armado fue culpa de las élites colombianas (especialmente las del Frente Nacional) que optaron por impedir la «democracia» en el Estado, negando que sectores alternativos llegaran a posiciones de poder. Como el objetivo principal de las guerrillas no era la revolución, sino ganar participación política dentro del Estado, que obstruía a su vez dicha participación, tanto por medios legales como ilegales (paramilitarismo), las guerrillas optaron por la derrota militar del Estado. Este fue la segunda equivocación de las guerrillas, ya que al ponderar la actividad militar, deslizaron pronto al narcotráfico, como un medio para financiar dicha actividad militar, y descuidaron lo principal para cualquier transformación social, a saber, la actividad política, el trabajo con las masas. A su vez, el narcotráfico torció los ideales y degeneró a muchas estructuras guerrilleras, que aunque se siguieron llamando así, en la realidad ya no lo eran. Ahora bien, no solo fue el narcotráfico, las guerrillas también optaron por las pescas milagrosas, por la toma de pueblos (a veces con el pueblo en contra) y el reclutamiento de niños y niñas.
Todo esto fue lamentable, pero la verdad fue que los medios de comunicación lo machacaron día y noche y lo exageraron (de hecho mintiendo) para que el repudio de la población a lo que «oliera» a izquierda se extendiera por todo el país. Mientras tanto, el ejército y los paramilitares hacían lo mismo y cosas peores, pero ante ellos las actitud de los medios de comunicación fue complaciente, por lo que el repudio social no fue igual. Ahora, por más que las guerrillas, los paramilitares y las FFMM hayan cometidos crímenes en el marco del conflicto, no podemos asemejarlos. Los crímenes cometidos por las guerrillas no son comparables, ni cuantitativa ni cualitativamente, con los cometidos por los paramilitares, los cuales operaron en complicidad con las FFMM. Los niveles de crueldad y sevicia de los paramilitares fueron los peores del mundo. En cuestión de masacres los paramilitares superan a las guerrillas en razón de 7 a 1, ni hablar de las desapariciones forzadas u homicidios.
Ahora, la FARC nunca tuvo vínculos con los altos funcionarios del poder, los paramilitares, en cambio, no solo tuvieron el 30% del Congreso sino hasta pusieron presidente. Claro, algún día tenemos que hablar de la guerrilla, ojalá muy pronto, y hacer el inventario de sus fallas (de hecho los medios de comunicación tradicionales ya han adelantado bastante), pero en relación con el paramilitarismo todavía hay un saldo de verdad pendiente, todavía no se logra la sanción social necesaria para que nunca más se vuelva a repetir, por eso es que hablamos de él en tono crítico.