Por Diego Andrés Escamilla Márquez
La Primera Línea fue una estrategia originada en los estallidos sociales de Hong Kong y Chile del año 2019, mediante la cual los manifestantes buscaron resistir y protegerse de la represión y brutalidad policiales de sus respectivos Estados. En ese mismo año, las protestas surgidas en Colombia alrededor del Paro Nacional del 21 de noviembre empezaron a imitar dicha estrategia, pero solo fue hasta abril de 2021 y los meses siguientes, en el marco de otro Paro Nacional, que las Primeras Líneas comenzaron a tener un rol protagónico en la movilización y defensa de la ciudadanía inconforme, llegando incluso a articularse, no sin dificultades y contradicciones, en varias ciudades y territorios de la geografía nacional.
Nadie que haya vivido esos meses en Colombia puede hoy negar o desconocer el positivo papel que jugaron las Primeras Líneas en la defensa de los manifestantes, en la organización popular y en la inspiración para seguir luchando en pro de los cambios que por aquellos días reclamaba la población, especialmente los jóvenes de las clases trabajadoras. La heroicidad de los muchachos que participaron de estas formas organizadas de resistencia quedó registrada en miles de fotos y videos que fueron compartidos por las distintas redes sociales, a una escala tal, que toda la basura y desinformación arrojadas por los medios tradicionales no fueron suficientes para deslegitimarla. De hecho, los deslegitimados fueron los que trataron de deslegitimar a las Primeras Líneas: casas periodísticas, Fuerza Pública, “gente de bien”, bancos, políticos del establishment y, de manera particular, el nefasto gobierno de Iván Duque.
Tal grado alcanzó la legitimidad popular de las Primeras Líneas que en los barrios y puntos de resistencia se organizaron ollas comunitarias para suplir las necesidades alimenticias de sus integrantes, otros sectores de la sociedad decidieron también organizarse en Primeras Líneas (Mamás Primera Línea, Sacerdotes Primera Línea, Profes Primera Línea, etc.), los gobiernos locales y medios de comunicación empezaron a reconocerlas como interlocutores válidos y, algo muy conmovedor, muchos niños del país referenciaron a los Primera Línea como sus héroes y se disfrazaron como tal para el 31 de octubre.
Las clases dominantes, asustadas como estaban por el paro del 2021, al ver que la deslegitimación de la protesta y de las organizaciones populares que la sostenían no surtía efecto, aplicaron abiertamente la dictadura del terror: tiros a los ojos, desapariciones forzadas, asesinatos, descuartizamientos, violaciones sexuales, falsos positivos judiciales, cadáveres flotando en los ríos, etc., prácticas usadas desde antaño por el Ejército, la Policía y los cuerpos de seguridad estatales, con el fin de desmovilizar las manifestaciones sociales mediante el miedo.
Todo lo anterior, más el desgaste provocado por meses de continuas movilizaciones, la propaganda mentirosa de los sectores de derecha, las reculadas del gobierno Duque en materia de reformas tributaria y de salud y la posibilidad de un cambio institucional por la vía electoral, incidieron para que la energía de las protestas menguara.
Durante este reflujo, la Fiscalía General de la Nación aprovechó para capturar, según sus propios datos, a 163 personas pertenecientes a las Primeras Líneas[1]. La misma ONU ha señalado irregularidades en los procesos que se adelantan a estas personas, ha advertido sobre posibles delitos cometidos contra ellas y ha calificado de estigmatizadoras y exageradas las acusaciones de terrorismo y concierto para delinquir que pesan en su contra[2]. No obstante, nada de lo expuesto por la ONU ha servido para dejar libres a los jóvenes de las Primeras Líneas, como tampoco sirvió la solicitud que hizo Gustavo Petro, una vez electo presidente, para que el fiscal general, Francisco Barbosa, dejara de perseguirlos, y sirvió menos el reciente intento de amnistiarlos mediante Proyecto de Ley presentado al Congreso. Dicen, las derechas, que de haberse logrado esto último estaríamos ante un hecho de impunidad, una palabreja que solo usan para cuando les conviene y que, en definitiva, es desproporcionada cuando se trata de delitos políticos. Lo cierto es que tanta represalia e intransigencia contra jóvenes que peleaban por el derecho a comer, estudiar y trabajar, no es un afán de «justicia«, sino todo lo contrario, un acto de venganza: el Estado y sus clases dominantes no se iban a permitir que un puñado de jóvenes pusiesen en cuestión su legitimidad y la posibilidad de superarlos mediante la organización popular, sin que recibieran por ello las más criminales retaliaciones y, para los que sobreviviesen, las humillaciones mediáticas y penales más ignominiosas que imponen la justicia burguesa y sus cárceles.
Hoy, a un año del estallido social del 2021, causa indignación ver cómo todo este entramado de judicializaciones, su correspondiente eco en los medios de comunicación y su replicación por vía de influencers y twiteros de derecha, buscan hacer que los colombianos tuerzan su memoria sobre los hechos acaecidos en dicho estallido. Incluso, políticos supuestamente alternativos, alegando que están dispuestos a dialogar y hacer concesiones (porque dizque esa es la democracia), matizan el actuar de las Primeras Líneas y aceptan como principal lo secundario (sus posibles equivocaciones), velando su característica primordial, a saber, el talante de resistencia y lucha que dichas organizaciones contrapusieron a la opresión causada por el sistema capitalista, en general, y el régimen uribista de aquel entonces, en particular. Sacar a las Primeras Líneas de ese contexto, descontextualizarlas, es precisamente el objetivo de la derecha y sus medios de comunicación, en pro de torcer la memoria de lo que realmente ocurrió en las protestas del 2021, para evitar así referentes que les ayude a los de abajo a tomar conciencia, aprender las lecciones necesarias y hacerlo mejor la próxima vez.
Pero además de ser expertas en descontextualizar, la derecha también sabe, desde Mussolini y Hitler, que mentiras repetidas ad infinitum pueden volverse verdades profundamente creídas en el imaginario de sociedades signadas por el miedo y la ignorancia. Pero si la derecha lo sabe, la izquierda también, o por lo menos debería, por lo que ésta no puede errar de impávida y esperar que las satanizaciones que hace la derecha a los luchadores de nuestro pueblo se caigan por sí mismas o se corrijan solas.
La historia de Colombia demuestra que las torceduras que hace la derecha a la memoria histórica buscan evitar, por encima de todo, que el pueblo siquiera sueñe con tomarse el poder. Estos sectores cavernarios pretenden eliminar, de la memoria colectiva, el más mínimo rastro de que una sublevación revolucionaria es posible. Ya lo hicieron en 1928, cuando informaron que la Masacre de las Bananeras fue de “solo” nueve personas y que además el Ejército Nacional actuó en «legítima defensa» porque supuestamente los manifestantes estaban fuertemente armados. La misma táctica usaron en 1948, cuando acusando a Gaitán de comunista, aseveraron después de su asesinato que fueron los comunistas quienes lo mataron, por lo que, según ellos, debían perseguirse y encarcelarse todos aquellos que simpatizaran o se relacionaran con el comunismo: militantes, obreros, sindicalistas, colonos y, qué paradoja, las mismas víctimas del supuesto atentado comunista, los gaitanistas.
Sí, con esa argumentación tan sosa y mentirosa, las derechas de aquel entonces desataron una de las épocas de mayor violencia estatal en Colombia. Hasta el sol de hoy nos siguen diciendo que dicha violencia fue un conflicto por el color de los «trapos» (azules y rojos), una cuestión de odios que, según ellas, refleja lo visceral del pueblo colombiano, un pueblo animalesco o cuando sumo infante, en últimas, un pueblo imposible de gobernarse así mismo. Nos lo repiten hasta el cansancio para que no recordemos que esa situación casi se convierte en la segunda revolución popular de América Latina durante el siglo XX (la primera fue la Revolución Mexicana de 1910), para que olvidemos que más que una cuestión de trapos colorados o azulados, La Violencia de los años de 1950 fue un conflicto social, una lucha de clases o, como lo representara Gaitán, la pugna política entre la oligarquía y el pueblo.
La lista de ejemplos es larga. La pregunta es: ¿lo vamos a seguir permitiendo? Todos vimos lo que sucedió el año pasado: las marchas fueron multitudinarias, la explosión de creatividad connotó una belleza popular sin parangón en la historia, el apoyo internacional a las protestas fue irrestricto, los asesinatos y violaciones de Derechos Humanos de la Fuerza Pública evidentes a los ojos de todos (hasta la CIDH[3], la ONU y los Estados Unidos tuvieron que intervenir solicitando pararlos), las falacias de los medios de comunicación rayaron con la desvergüenza, la tiranía del gobierno Duque y la connivencia de sus partidarios fueron completamente infames, en fin, vimos incluso lo que parecía imposible: que la gente prefiriera la lucha social al fútbol. Sí, el pueblo no permitió que celebraran una Copa América en el mismo suelo en el que estaba siendo derramada la sangre de su gente. Por más que la derecha quiera hoy torcernos la memoria de todos estos hechos, no se lo vamos a permitir, esta vez NO PASARÁN.
En su libro «Curso urgente de política para gente decente«, Juan Carlos Monedero argumenta que las clases dominantes de hoy “roban el diccionario”, es decir, atracan el imaginario social basándose en un lenguaje que no hablamos sino que nos habla, un lenguaje identificado con relatos que son funcionales para la reproducción del marco existente y para la creación de una actitud conformista, los cuales presentan, como intereses generales, lo que en realidad son intereses particulares. Este robo, concluye Monedero, es el artificio estatal de la mentira, el instrumento de las clases dominantes para nombrar la realidad de determinada manera con el fin de obligar al conjunto de la sociedad a interpretarla de acuerdo a sus intereses e impedir la fuerza de la transformación social[4]. En este sentido, y buscando los mismos fines, es que la derecha colombiana pretende robarse la memoria colectiva del Paro Nacional del 2021
¿Cuál es nuestra tarea? Hay muchas cosas qué hacer, pero para empezar es sumamente necesario reapropiarnos del lenguaje, específicamente de aquel que dice la verdad, y desechar el lenguaje eufemístico que propagan los que hoy criminalizan la protesta social y sus luchadores. Para eso es indispensable organizarnos, en todos los ámbitos posibles (político, laboral, social, cultural, etc.), porque la verdad, para que se aproxime a la objetividad, debe ser necesariamente colectiva (no necesariamente mayoritaria).
La memoria histórica, que entre otras cosas se construye con el lenguaje, requiere de la verdad para ser emancipadora, es decir, para ser conciencia y conciencia de clase. Sin este insumo la memoria es inofensiva. Los que la quieren así (inofensiva), satanizan y mienten sobre nuestra historia reciente, porque buscan que al cabo de unos años seamos nosotros mismos los que nos autocensuremos las posibilidades de una revolución. No se lo permitamos. ¡Libertad para los luchadores de la Primera Línea!
[1] https://www.elpais.com.co/judicial/32-integrantes-de-la-denominada-primera-linea-fueron-capturados-esta-semana.html
[2] https://www.infobae.com/america/colombia/2022/09/06/onu-informa-que-los-jovenes-de-la-primera-linea-estan-siendo-estigmatizados/
[3] Estas siglas significan Corte Interamericana de Derechos Humanos.
[4] Ver Monedero, J. C. (2013), Curso urgente de política para gente decente. Madrid: Editorial Seix Barral, p. 75-89.
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