¿QUIÉN MANDA EN EL ESTADO?

por Diego Andrés Escamilla Márquez

Esta semana presenciamos en Colombia un rifirrafe entre el fiscal general, Francisco Barbosa, y el presidente Gustavo Petro. El motivo: una solicitud de información que le hizo el segundo al primero, debido a las denuncias realizadas por el periodista Gonzalo Guillén, sobre la presunta connivencia de la Fiscalía General de la Nación con el Clan del Golfo, en relación al homicidio de 200 personas. En términos formales la solicitud es procedente: según la Constitución Política de 1991, artículo 251, “Son funciones especiales del Fiscal General de la Nación […] Suministrar al Gobierno información sobre las investigaciones que se estén adelantando, cuando sea necesaria para la preservación del orden público».

Ante la resistencia del fiscal, el presidente sacó más argumentos constitucionales: “El fiscal olvida una cosa: yo soy el jefe de Estado, por tanto, el jefe de él”, dijo el pasado 5 de mayo y citó el artículo 188 de la Constitución: “El Presidente de la República es Jefe del Estado, Jefe del Gobierno y suprema autoridad administrativa”.

Conocidos los comentarios del presidente, se pronunciaron al instante la Corte Suprema de Justicia, expertos constitucionalistas, los partidos políticos de oposición y la propia Fiscalía General, invocando la defensa del principio de la “separación de poderes”. Todos alegaron que el fiscal no tiene jefe, o bueno, que su único jefe es la Ley, y puesto que Colombia es un Estado social de derecho, las magistraturas judiciales, como la suya, gozan de plena autonomía con respecto a los otros poderes públicos, específicamente, en este caso, con respecto al Ejecutivo.

El  presidente Petro aceptó la ligereza de sus declaraciones, reconoció la honorabilidad de la Suprema Corte y asintió, por lo tanto, el llamado hecho por ésta a respetar la autonomía e independencia de la Fiscalía, pero volvió a insistir en el artículo 251 de la Constitución y en lo grave que resulta para la legitimidad de dicho ente, que el fiscal general no se pronuncie ante las comprometedoras denuncias hechas por Gonzalo Guillén.

Los medios de comunicación tradicionales, como era de esperarse, se concentraron en la cuestión amarillista (“¿Quién tiene razón en la pelea…?”, “Barbosa llama dictador a Gustavo Petro”, “¿Petro es el jefe del fiscal Barbosa?”, etc.) y olvidaron u ocultaron lo realmente importante: la denuncia hecha por Guillén sobre la posible complicidad de la Fiscalía General de la Nación con el Clan del Golfo en el asesinato de 200 personas.

Conocida la trayectoria y seriedad de Gonzalo Guillén y dado el historial criminal que caracteriza a Álvaro Uribe Vélez y su círculo de funcionarios y colaboradores (entre ellos Francisco Barbosa), no hay mucho margen para dudar de la veracidad de las denuncias hechas por el periodista bogotano. En ese sentido, la idea de que el show armado por Barbosa, tras las declaraciones de Petro, es una cortina de humo y, quizá, su coartada para salir huyendo del país, argumentando que su vida corre peligro o que es objeto de persecución política (como ha sucedido en el pasado con varios políticos uribistas), y evitar así la justicia, parece tener asidero.  

A pesar de la gravedad de la situación, lo cierto es que no sorprende. Entre los sectores uribistas la aparición de estos escándalos son la norma, más que la excepción. Tampoco sorprende el cinismo de los medios de comunicación que, de manera consensuada, no han decidido darle seguimiento ni difusión a las revelaciones de Guillén, sino que se han centrado en cargar de negatividad la imagen de Petro por atreverse a requerir, de manera categórica, el cumplimiento de las tareas del fiscal general. Es el mundo al revés, revesado con más inquina desde el 7 de agosto del año pasado.

Ahora bien, en el marco de estos sucesos, queda una discusión que vale la pena considerar: ¿a todas estas, quién manda en el Estado? Al respecto, en lo que confluyeron tanto los defensores de Petro como los de Barbosa, es que la que manda en el Estado es la Ley, la Constitución. De ahí la polémica, pues el debate se trabó entre interpretaciones de la Constitución que le daban la razón a unos y a otros. Esa idea, la del imperio de la Ley, es una idea muy extendida en el mundo, que, sin embargo, dudo que los poderosos siquiera la crean o, por lo menos, que la juzguen tan sagrada como sí lo hace el resto de la población. Definitivamente es uno de los grandes mitos modernos y vino a resolver, para la burguesía, los problemas que otrora la Iglesia le resolvía a la nobleza.   

La Ley se ha vuelto para la política burguesa, lo que el dinero se convirtió para la economía capitalista, un fetiche. Así como el dinero esconde las verdaderas relaciones económicas que se establecen entre los seres humanos y aparece, de pronto, como algo natural, y luego como dios-creador (“dios” en tanto que, para sobrevivir, toca obedecer sus dogmas y adorar su presencia; y “creador” en tanto simula reproducir todo de la nada); la Ley esconde las verdaderas relaciones políticas, se naturaliza en las sociedades y ejerce como diosa-creadora para todo el que ose denominarse ciudadano.

Pues bien, igual que todos los fetiches, la Ley nos miente. Por más que sus frases se estampen en oro, o se pronuncien con inmaculada solemnidad, o se repitan hasta el cansancio de generación en generación, la Ley no determina un Estado. El Estado, que es una forma de organización social propia de las sociedades divididas en clase, se configura, precisamente, en torno a esa división. Me explico:

Los Estados emergieron cuando el desarrollo de las sociedades humanas conllevó a que una minoría se apropiara del trabajo de la mayoría. Mientras este desarrollo no connotó la propiedad privada sobre los medios de producción, pilar sobre el que descansa la división social en clases, no fue necesario el Estado, pues los integrantes de esas sociedades resolvían su necesidades con grados de colectivización que, de manera general, no hacían posible la explotación de unos por otros. Cuando aparece la propiedad privada, aparecen las clases sociales: los que son propietarios y los que no. Estos últimos tienen que trabajar para los primeros, los dueños, y como estos (para competir con otros dueños) deben aumentar su riqueza, y esta solo se obtiene del trabajo, les toca sí o sí apropiarse de los trabajadores, mejor dicho, explotar su fuerza de trabajo. Esta es la historia sucinta desde el esclavismo hasta el presente.

Como ningún ser humano, ni esclavo ni asalariado, acepta gustosamente que lo exploten, se hace necesario un mecanismo que los obligue. Ahí es donde aparece el Estado. El Estado, por lo tanto, es el aparato de dominación de una clase sobre las otras, en función, claro está, de los intereses de la clase dominante. Aunque esta dominación descansa en última instancia en la coerción física (por eso los Estados tienen siempre cuerpos militares e instituciones represivas), eso no descarta que se usen formas de poder compensatorio (dar recompensas a cambio de la sumisión y la obediencia) o formas de poder condicionado (influir en las creencias de los sujetos a tal punto que ellos consideren necesario y natural un cierto orden de las cosas). Los Estados más fuertes o, si se quiere, más exitosos, contrario a lo que se piensa de manera convencional, son los que logran apropiarse del trabajo de las mayorías usando la menor violencia posible, es decir, son los que consiguen normalizar, en las creencias y conductas de las personas, un determinado régimen de explotación.    

Llegados a este punto, es oportuno aclarar que cuando nos referimos al Estado como un aparato de dominación, entendemos tal dominación no como una cosa, ni como algo terminado y cerrado, sino más bien como una relación. En otras palabras, la dominación es una contradicción, una continua tensión (que en ocasiones se rompe) entre quienes dominan y son dominados, ergo, es una cuestión que siempre está en disputa. Diría Marx, es lucha, propiamente, lucha de clases. Sin embargo, aunque sea así de dinámica, la dominación es dominación, por lo tanto, en una sociedad concreta, donde todavía existen clases sociales, el Estado estará determinado, en lo fundamental, por los intereses de la clase social que logre dominar sobre las demás clases sociales. En las sociedades occidentales de hoy (como la nuestra), tal dominación es hegemónica más que absoluta, aspecto que hace de la dominación una relación todavía mucho más compleja, pues los intereses de la clase dominante quedan soterrados por las concesiones que los dominados logran arrancar (por la lucha de clases) al sistema de explotación capitalista (concesiones que, en lo trascendental, no afectan el sistema, y que sirven, en muchas ocasiones, vaya paradoja, a que éste se adapte y reacomode a nuevas circunstancias).

Dicho todo esto, volvamos a la pregunta: ¿Quién manda en el Estado colombiano? Hoy, dicha cuestión, está en una disputa álgida, por lo menos más que en las décadas inmediatamente anteriores, pues la disputa no es solo horizontal (entre sectores de la propia burguesía), sino también vertical (entre sectores de las clases trabajadoras y la burguesía). El propio petrismo sufre las mismas disputas. De todas maneras, lo que sí podemos decir es que el jefe real del Estado definitivamente no es Petro y tampoco es Barbosa, quizá ni siquiera sea una sola persona, sino, como diría Marx, “una junta que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa”. En esa “junta” estarían, sin lugar a dudas, Luis Carlos Sarmiento Angulo, la familia Santo Domingo, la familia Vélez y los Gilinsky, entre los más.

Concluyamos. Petro, que es jefe nominal del Estado, pretende ser jefe real, en pro de los intereses de la clase social que representa. Barbosa, que también es un jefe nominal, quiere mantener el poder de los jefes reales. Si queremos que un día el Estado responda a los intereses de nuestra clase, la clase trabajadora, debemos tener el poder sobre dicho aparato de dominación. Cuando eso suceda, cuando saquemos a la burguesía del poder estatal y cuando el Estado funcione en pro de los intereses del proletariado, entonces el Estado, tal y como hasta ahora lo hemos conocido, se extinguirá y no requerirá de jefes.